El Ministerio Público (MP), por medio de su Fiscalía de Delitos contra Periodistas, a cargo del licenciado Édgar Rolando Rodenas, investiga nuevos casos violentos contra valientes que actualmente ejercen tan noble pero peligrosa función ciudadana, de 110 sucesos similares registrados durante el presente período gubernamental, por solicitud de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), representada por Miguel Ángel Albizures, presidente; Benedicto Girón, director primero; e Idalme Alfredo Sandoval, tesorero; su Comisión de libertad de Prensa y el Observatorio de Periodistas, coordinado por Héctor Antonio Coloj y directivos Luis Domingo Ovalle Villatoro y Héctor Favián Peralta.

Recordamos también con admiración y tristeza a cerca de 60 connotados periodistas de antaño, víctimas inocentes de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos, cometidos por gobiernos criminales, dictadores y cobardes, por haber defendido valientemente derechos y libertades de los guatemaltecos. Su bendita sangre permanece esparcida en veredas de esta bella pero apaleada patria, cuyos nombres y hazañas cívicas fueron publicadas recientemente en esta columna. Nunca jamás podrán ser olvidadas por el pueblo y actual gremio periodístico. Preocupan ahora nuevas agresiones contra intrépidos colegas qué, pese a las adversas circunstancias vigentes, cumplen con su deber de informar, amparados por la Constitución Política de la República, Ley de Emisión del Pensamiento, Asamblea Constitucional, Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y demás instituciones nacionales e internacionales.

Persisten amenazas de muerte contra Analinda Meneses, afiliada a la APG y columnista del Medio Digital Gazeta familia, por publicaciones acerca del aborto; Francisco Moreno, de canal Tele Arte; Juan Botón, de Radio Comunitaria Ajkunel, de Quiché, por elementos del Ejército, durante un desalojo; Jorge Tizol, de la página Noti Retalteco y noticiero televisivo Reu Noticias; Anastasia Mejía Tiriquix y Petrona Sis Castro, comunitarias defensoras de pueblos indígenas de Joyabaj, Quiché —la primera en prisión desde el año pasado, por denunciar abusos de autoridades, y la segunda en circunstancias diferentes pero muy riesgosas—; reactivación de un proceso contra Ceferino Salquil Solval, excomisario de la Policía Nacional Civil de Chiquimula, y agentes Olga Leticia Segura, Mirna Marleni Agustín Álvarez y Marcelina López Pérez, enjuiciados y absueltos hace seis años por agresión y abuso de autoridad contra Norma Sansir, comunicadora de la Asociación Indígena y Campesina Ch´orti´, por haberlos fotografiado sin mascarillas durante un desalojo de manifestantes registrado en Camotán.
Reconocidos mafiosos, funcionarios, políticos, poderosos, criminales, corruptos nacionales y extranjeros interesados en poder y dinero, así como algunos diputados, jueces, gobernadores, alcaldes, delincuentes y particulares indeseables, están comprometidos en la continuación de esta serie de amenazas, agresiones verbales, psicológicas y físicas, intimidaciones, ataques, capturas, procesos y muerte contra periodistas y ciudadanos honrados.

La APG y demás entidades periodísticas lamentan la intolerancia gubernamental y de instituciones oficiales y privadas responsables de corregir tan tenebroso panorama. Solicitan al presidente Alejandro Giammattei; ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas; y director de la Policía Nacional Civil, José Antonio Tzubán, cumplir sus deberes ciudadanos. Reconocen de la fiscal general del MP, Consuelo Porras Argueta, su interés en fortalecer la seguridad de los colegas y medios de comunicación social, y evitar que supuestos periodistas y tuiteros divulguen noticias falsas y vulgaridades en redes sociales que confunden al pueblo.