El Ministerio Público, por medio de su Fiscalía de Delitos contra Periodistas, a cargo del licenciado Edgar Rolando Rodenas, investiga nuevos violentos casos contra colegas que actualmente proyectan tan noble pero peligrosa función ciudadana, de 110 sucesos similares registrados durante el presente período gubernamental, por solicitud de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), representada por Miguel Ángel Albizures, presidente; Benedicto Girón, director primero, e Idalme Alfredo Sandoval, tesorero; su Comisión de libertad de Prensa y el Observatorio de Periodistas, coordinado por Héctor Antonio Coloj y directivos Luis Domingo Ovalle Villatoro y Hector Favián Peralta.

Recordamos también con admiración y tristeza a cerca de 60 connotados periodistas de antaño víctimas inocentes de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos, cometidos por gobiernos criminales, dictadores y cobardes, por haber defendido valientemente derechos y libertades de los guatemaltecos. Su bendita sangre permanece esparcida en veredas de esta bella pero apaleada patria, cuyos nombres y hazañas cívicas fueron publicadas recientemente en esta columna. Nunca jamás podrán ser olvidadas por el pueblo y actual gremio periodístico. Preocupa ahora nuevas agresiones contra intrépidos colegas qué pese a las adversas circunstancias vigentes, cumplen con su deber de informar, amparados por la Constitución Política de la República, Ley de Emisión del Pensamiento, Asamblea Constitucional, Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y otras instituciones internacionales.

Persisten amenazas de muerte contra Analinda Meneses, afiliada a la APG y columnista del medio digital Gazeta Familia, por publicaciones acerca del aborto. Francisco Moreno, de canal Tele Arte; Juan Botón, de radio comunitaria Ajkunel, de Quiché, por elementos del Ejército durante un desalojo; Jorge Tizol, de la página Noti Retalteco y noticiero televisivo Reu Noticias. Anastasia Mejía Tiriquix, directora de Xol Abaj Radio y defensora de pueblos indígenas, de Joyabaj, Quiché, presa en Cantel, Quetzaltenango, por orden de la jueza Susy Pérez, por denunciar abusos de autoridad. Petrona Sis Castro, de la misma comunidad también procesada ilegalmente. Reactivación de un proceso contra Ceferino Salquil Solval, excomisario de la Policía Nacional Civil de Chiquimula y agentes Olga Leticia Segura, Mirna Marleni Agustín Álvarez y Marcelina López Pérez, enjuiciados y absueltos hace seis años por agresión y abuso de autoridad contra Norma Sansir, comunicadora de la Asociación Indígena y Campesina Ch´orti´, por haberlos fotografiado sin mascarillas durante un desalojo de manifestantes registrado en Camotán.

Reconocidos mafiosos, funcionarios, políticos, poderosos, criminales, corruptos nacionales y extranjeros interesados en poder y dinero, así como algunos diputados, jueces, gobernadores, alcaldes, delincuentes y particulares indeseables, están comprometidos en la continuación de esta serie de amenazas, agresiones verbales, psicológicas y físicas, intimidaciones, ataques, capturas, procesos y muerte, contra periodistas y ciudadanos honrados que anhelan trabajar, vivir en paz y ofrecer su mejor aporte a la nación y a sus habitantes.

La APG lamenta la intolerancia gubernamental y de instituciones oficiales y privadas responsables de corregir tan tenebroso panorama y solicita al presidente Alejandro Giammattei; ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, y director de la Policía Nacional Civil, José Antonio Tzuban, cumplir de sus deberes ciudadanos. Reconoce a la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, su interés en fortalecer la seguridad de los colegas y medios de comunicación social. Ruega control de supuestos periodistas y los llamados “tuiteros” que publican noticias falsas y vulgaridades en redes sociales que confunden al pueblo y autoridades.