Hace meses que venimos escuchando declaraciones y pronunciamientos de funcionarios —ministros y diputados—, de los presidentes del Ejecutivo y del Congreso y de representantes de sectores del poder político y económico que abonan a la descalificación y criminalización.

La línea discursiva que se ha instalado en la opinión pública desde los espacios de poder pone en peligro los derechos y las libertades, pero también a las personas que los defienden y los ejercen. Por ejemplo, los ataques contra dirigentes e integrantes de los movimientos de resistencia y defensa del territorio o sus capturas han estado precedidas, casi siempre, de campañas de descalificación destinadas a desacreditarlos y a justificar —con la debida anticipación— su encarcelamiento o la violencia de la que son víctimas. Eso les pasa por… en algo estarían metidos… algo habrán hecho.

Cuando las descalificaciones vienen de los representantes de los organismos del Estado o de los líderes políticos, la situación reviste de mayor gravedad. Quienes ejercen la violencia sienten que sus acciones están avaladas y respaldadas por las autoridades y que sus actuaciones son, incluso, correctas. Por ejemplo, publicar el video de un linchamiento en las redes sociales y justificarlo porque la gente ya está “cansada” no es otra cosa que hacer apología del delito.

Las amenazas, ataques e intimidaciones tienen un primer asidero en los discursos de odio que alientan el miedo a los diferente, a lo diverso, o a lo que se considera atentatorio de la “moral” y las “buenas costumbres”. Tildar a las personas de la diversidad sexual de “enfermos y pervertidos” y culpabilizarlos de la pérdida de los valores tradicionales de la sociedad guatemalteca no hace sino abrir las puertas a los crímenes de odio y a la discriminación.

El asesinato en Huehuetenango de José Roberto Díaz, un joven de 18 años, cuyo cuerpo apareció con golpes y con insultos escritos sobre su piel por su orientación sexual, se suma a una larga lista de crímenes y de actos de violencia contra la comunidad LGBTI que, en su mayoría, ha quedado en la impunidad. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó el asesinato de 24 personas de esta comunidad en el 2018. También registró casos de violencia y mensajes homofóbicos, así como “declaraciones discriminatorias” de funcionarios del Estado.

Lo terrible es que las y los políticos, en un afán por ganar votos y congraciarse con los sectores más conservadores y con los líderes religiosos que pueden influir desde sus iglesias en las preferencias electorales de sus “fieles”, no pierden oportunidad de convertir los actos partidarios y el propio Congreso de la República en púlpitos o cuasi templos fundamentalistas.

Y, por supuesto, hay algunos periodistas y comentaristas irresponsables que desde los medios de comunicación atisban la aversión y la violencia e instan a continuar con los linchamientos, los crímenes de odio y las ejecuciones extrajudiciales. De más está decir que desde las redes sociales estos mensajes se multiplican hasta el infinito y no hacen más que reforzar los miedos, la ignorancia y los fanatismos. Vean ustedes cómo en los Estados Unidos a partir de los discursos presidenciales se han generado ataques contra las y los migrantes latinoamericanos.

La campaña electoral apenas inicia y está ya rebalsada de mensajes racistas, sexistas, machistas, homofóbicos y discriminatorios. Los discursos están plagados de referencias y llamados explícitos al autoritarismo y al uso de la violencia y la represión como mecanismos válidos del ejercicio del poder.