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Más salario para diputados, menos soluciones para el país
El manejo del presupuesto es complejo. Más allá de su carácter técnico, refleja el enfoque político de las instituciones y su capacidad para responder a las necesidades de la población. El Congreso no solo introdujo cambios al presupuesto 2025, sino que se recetó un aumento salarial mayor a Q50 mil mensuales para los diputados.
El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado expone no solo las prioridades del país, sino también las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. En teoría, debería ser una herramienta de planificación para impulsar el desarrollo económico y social; sin embargo, en la práctica, se ha convertido en un campo de batalla donde las promesas de cambio quedan diluidas. Este año, el presupuesto 2025 (decreto 36-2024) no solo refleja desafíos históricos, sino que incorpora nuevas polémicas, como el aumento salarial de los diputados, que ha generado un rechazo generalizado.
¿Mejorarán el desempeño y la percepción del Congreso con el aumento del salario de los diputados?
En Guatemala, el presupuesto está regido por principios de unidad y universalidad, lo que significa que debe incluir todos los ingresos y gastos del Estado de forma clara y transparente. Sin embargo, la realidad dista de este ideal. Las facultades del Congreso para modificar el presupuesto han generado constantes reproches, sobre todo cuando estas alteraciones transforman la esencia del plan original presentado por el Ejecutivo. Aunque la Constitución le da al Congreso la facultad de aprobar, modificar o improbar el presupuesto, estas acciones deben ser proporcionales y respetar los objetivos estratégicos del país, algo que con frecuencia se pierde de vista.
Este año, el Congreso no solo hizo ajustes sustanciales, sino que incorporó un aumento significativo en el salario de los diputados de más de Q50 mil mensuales —monto exacto que ocultan, pero refieren, será similar al de los magistrados de la Corte de Apelaciones u otros tribunales colegiados de igual categoría—. Este incremento, aprobado mediante el acuerdo 31-2024, lo justifican como una forma de dignificar el trabajo legislativo, pero el trabajo que hacen los diputados no es equiparable al de los magistrados, tanto en requisitos mínimos, horarios, formación académica y evaluación del desempeño; desatendiendo el artículo 102, inciso c) de la Constitución, que dice “la igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad”. Además, pretenden obtener ilegalmente indemnización.
En el caso de pretender una indemnización va en contra de la ley y la propia Constitución, ya que no se trata de trabajadores expuestos a una finalización injusta y súbita de una relación permanente de trabajo, cuya terminación los hace vulnerables económicamente por la pérdida de su empleo. Los diputados son electos por una temporalidad de cuatro años y nadie los despide injustamente, no existe razón alguna para compensarlos.
El aumento salarial de los diputados es un ejemplo claro de malversación de los fondos públicos y principios, al hacer de las decisiones presupuestarias destinadas a ser un instrumento técnico de planificación estatal, un desafortunado botín clientelar. En un país donde la mayoría de la población enfrenta carencias básicas, cuyo ingreso promedio es de alrededor de Q3 mil, estas decisiones envían un ofensivo y provocador mensaje. La percepción de que las prioridades están mal enfocadas no es solo un tema de opinión pública, sino un llamado de atención sobre cómo se utilizan los recursos públicos.
Es momento de que el Ejecutivo y sus ministerios con liderazgo recuperen el control de las políticas sectoriales y que los diputados respeten las prioridades establecidas por el Ejecutivo para el desarrollo del país. Es indispensable delimitar hasta dónde puede el Congreso modificar el presupuesto sin desnaturalizarlo, preservando su esencia como herramienta de planificación nacional. Al mismo tiempo, los diputados deben reflexionar sobre los aumentos que se han recetado en un país con tantas carencias. Las asignaciones del presupuesto deben reflejar las verdaderas necesidades de los guatemaltecos y no los privilegios de unos pocos. ¿Mejorarán los diputados su función con el aumento?
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