Fue insultante conocer que en el proyecto de ley para el presupuesto del año entrante el Ejecutivo propone una reducción —sí, una reducción— para el renglón de servicios consulares y atención al migrante. Esto, a pesar de que solicitan un aumento para la cartera general. Es decir, el Ejecutivo pide más dinero para la Cancillería, pero está destinado a las embajadas y representaciones ante misiones internacionales, reductos conocidos de tráfico de influencias, de cabildeos criminales y de “los cuates privilegiados” que visten trajes de etiqueta y atienden las galas de costumbre en la actividad sibarita de la diplomacia internacional. Y mientras, para el área de compromiso humano de ese ministerio, el que atiende las necesidades de los ciudadanos en el exterior, viene una reducción de presupuesto. Según publica la nota, el proyecto propone una partida de Q5.5 millones menor comparada con la del presente año. Es de observar que este es el dinero que alimenta las misiones consulares en el mundo, pero en especial las ubicadas en los países involucrados en la crisis humanitaria de la emigración forzada que nos afecta. Y también la que atiende las necesidades de los migrantes aquí en el país, a través del centro de atención ubicado en la planta central de la zona 10, las sedes regionales, y la atención a personas deportadas, en el momento de su llegada.

Es espeluznante ver la posición del Ejecutivo contra las necesidades de las personas migrantes. El desprecio hacia ellos es notorio, y se ha hecho evidente, en especial, a partir de agosto de 2017, cuando el gobierno central dio el giro contra el comisionado Velásquez y asumió la cartera la señora Jovel. Recordamos que antes de eso, este gobierno incluso abrió nuevas sedes consulares en México y EE. UU., digamos, entendiendo la necesidad de mejorar la capacidad en el exterior. Solo en ese último país se inauguraron en esa época cuatro sedes, una en Oklahoma, otra en Florida, una en Seattle y la otra en Carolina del Norte. Buenas decisiones las cuatro, pero las más indispensables, las últimas dos. Se compró un inmueble para el consulado más grande en el exterior, el de Los Ángeles, y se hablaba en ese entonces de ampliar la red, solo en EE. UU., a por lo menos 10 sedes más. Una propuesta quizás exagerada, tomando en cuenta que, aunque más consulados es conveniente, también es cierto que convendría pensar no solo en abrir más sedes, sino en un punto cercano, más en aumentar el tamaño de las ya existentes, ampliar su personal y la cantidad de servicios, así como mejorarlos.

Al hablar de la atención que da la Cancillería a los migrantes, frecuentemente se piensa en el exterior, pero suelen olvidarse los indispensables y necesarios servicios que debe prestar a la población afectada en los departamentos, los cuales presta a través de una raquítica red de Delegaciones Regionales. Actualmente, únicamente tiene tres en todo el país. Una en Xela, una en Huehue y la otra en Jutiapa. Sus capacidades y personal, limitadísimos, obligan a una infinidad de usuarios a viajar diariamente a la capital a realizar trámites de registro civil, de repatriaciones y otras necesidades. Una visión adecuada para el Ministerio sería planificar nuevas delegaciones en por lo menos cuatro departamentos más, como San Marcos, Quiché, Chimaltenango y uno en la zona sur, quizás Escuintla.

La propuesta, que aumenta presupuesto para el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero disminuye los fondos para su sección consular, es inaceptable. Pretende fortalecer el lado corrupto de ese ministerio, que usa el servicio exterior para beneficios personales. Sería valioso que se alce la voz contra esta intención irresponsable, en especial tomando en cuenta el momento actual, cuando el presidente Donald Trump amenaza con mayores medidas de expulsión. ¡Qué verdadero insulto, en verdad!