De mis notas
¿Más pisto, más obra?
El gobierno del presidente Arévalo lanza dos programas que generan atención.
Regalar dinero mediante cualquier tipo programas asistencialistas clientelares ha sido la estrategia preferida de los gobiernos de izquierda. De esa cuenta, cautivan y conforman una masa crítica para ganar elecciones. Es una vieja treta para comprar las mayorías parlamentarias, controlar las cámaras legislativas y aprobar leyes a su conveniencia.
Vivir de la “teta pública” siempre tendrá una masa de adeptos agradecidos y listos para dejarse manipular.
En Argentina, el control legislativo de los gobiernos peronistas les permitió aprobar presupuestos expansivos y mantener programas clientelares sin oposición. Este es el control legislativo que se convierte en un círculo vicioso y perpetúa el poder del partido gobernante. Tuvieron que tocar fondo hasta el punto de comprar pan con carretas de billetes sin valor.
Revertir los efectos de las políticas clientelares es difícil. En Argentina, cualquier intento de reducir los subsidios hasta enfrenta una fuerte resistencia tanto de la población beneficiada como de actores políticos que se benefician de mantener el statu quo. Las reformas estructurales necesarias para estabilizar la economía y reducir la inflación son políticamente impopulares y difíciles de implementar. La oposición que el presidente libertario Javier Milei enfrenta desde que asumió el poder es el mejor ejemplo.
Vivir de la “teta pública” siempre tendrá una masa de adeptos agradecidos y listos para dejarse manipular por voluntad propia y al antojo clientelar de los que subsidian con el dinero de los impuestos.
Aquí, de este lado del río, ya tuvimos las famosas “transferencias condicionadas” y el “bono seguro”, en los tiempos de Colom y doña Sandra. Se transfirieron cientos de millones a unas listas de familias beneficiadas que, en su momento, fueron cuestionadas por falta de transparencia. Y si bien los impactos no se pueden negar en términos cualitativos, también es indudable que la corrupción en la compra, distribución y asignación de los recursos fue porosa y manipulada para fines electoreros.
Ahora, el gobierno del presidente Arévalo lanza dos programas que generan atención. El primero, “Programa de Apoyo a la Producción Agrícola”, que consiste en transferencias mensuales de Q3 mil a campesinos. El objetivo es ayudar a los agricultores “a mejorar sus condiciones de vida y aumentar su capacidad productiva”. Se proyecta beneficiar a 150 mil agricultores.
Calculando el costo mensual total, las transferencias suman Q450 millones al mes. Esto se traduce en un costo anual de aproximadamente Q5 mil 400 millones.
El segundo programa es alterar la tarifa eléctrica por medio de un subsidio a la electricidad, que incluye una ampliación del rango de la tarifa social.
“Esta atención se hará efectiva de junio a diciembre de este año, y beneficiará a cerca de tres millones de hogares que consuman menos de 100 kilovatios por hora, que podrán percibir hasta 80 por ciento en la reducción de su factura”.
“Anteriormente, la tarifa social cubría a usuarios que consumían hasta 88 kW hora, pero con la nueva medida se espera que más de tres millones de deudores se beneficien, lo que representa una reducción de hasta el 80% en sus facturas mensuales” (Diario de Centro América – 31/5/2024).
Según declaraciones del ministro de Energía y Minas, “se espera financiar con prepuesto del Gobierno Central que será de alrededor de Q135 millones al año y unos Q10 a Q12 millones mensuales. Esos fondos se asignaban anteriormente para el subsidio del al gas licuado del petróleo (GLP)”.
Uno no puede dejar de cuestionar las prioridades que debe tener el gasto público. Mientras los hospitales, las escuelas y la infraestructura están con graves déficits de inversión y ejecución, surgen estos programas cuestionables en cuanto a su impacto, a la dependencia que generan y al costo tan alto de mantenerlos.
No hablemos de la corrupción, que es sistémica y granítica.
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