El sábado se dio a conocer que la afiliación ante el IGSS había crecido 6.3% durante el último año. A febrero ya eran 1.453,957 personas con seguro social, según lo reportó Prensa Libre. Sin duda, es una excelente noticia y sin duda seguirá aumentando en la medida que más sectores logren reincorporar su actividad económica con mayor normalidad, luego de los efectos de la pandemia del covid-19.

Sabemos que Guatemala tiene retos importantes, en materia social. Hemos visto cómo la pandemia generó una disrupción en la cadena de abastecimiento global que ha impactado no solo en los precios del transporte marítimo, sino en retrasos en varios productos y un incremento de los precios del petróleo. Sin embargo, tenemos la gran oportunidad de aumentar la inversión en diferentes sectores estratégicos.

Según las proyecciones del Banco de Guatemala, las exportaciones podrían crecer hasta un 11.5% durante el 2022 y las importaciones, un 13.5%. Las calificadoras de riesgo como Fitch y Standard &
Poor´s han mejorado su perspectiva sobre el país, de estándar a positiva, manteniendo la calificación en BB- y el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes, el principal indicador de riesgo país calculado por JP Morgan Chase (que muestra la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos emitidos por países en desarrollo y los bonos del tesoro de Estados Unidos) está en 251 puntos básicos, siendo el sexto país mejor evaluado de Latinoamérica, solo por debajo de Uruguay, Chile, Perú, Panamá y Paraguay.

Ahora bien, el ecosistema de crecimiento empresarial en Guatemala necesita más reformas importantes que ayuden a los empresarios a ser más productivos y que fomenten que más personas tengan acceso a un trabajo digno y que con ello se reduzca la pobreza. Según estimaciones del Banco Mundial, un 24% de la población total vive en condiciones de pobreza, con menos de US$3.20 al día, en poder de paridad de compra. Si reconocemos que 48% de la población todavía vive en el área rural, podemos ver el tamaño del reto que tenemos en algunos departamentos fuera del área metropolitana.

Es urgente reconocer que tenemos problemas muy serios para poder aumentar la inversión productiva, especialmente en temas públicos como carreteras, puertos y aeropuertos. Necesitamos que se apruebe una Ley de Autoridad Portuaria que ayude a nuestro país a darle mayor certeza y seguridad jurídica a las operaciones portuarias y que fomente mayor inversión, así como garantizar el cumplimiento de normas internacionales de seguridad y convenios ratificados por Guatemala, para promover el desarrollo, modernización y la competitividad de los puertos.

En materia de capital humano requerimos mayor inversión productiva en la primera infancia, así como una mejora en los servicios para la reducción de la desnutrición crónica, una reforma al sistema educativo, mayor inversión en formación técnica y un mayor proceso de digitalización de los servicios estatales para fomentar mayor desarrollo.

Tenemos la capacidad como país de lograr 2.5 millones de nuevos empleos de calidad en los próximos 10 años, con un flujo importante de inversión extranjera directa (IED). Existe una meta de US$1.5 millardos en IED para este año. Todo esto se puede lograr si todos trabajamos con un mismo propósito de generar más y mejores puestos de trabajo que aprovechen el potencial productivo del país. Si dejamos de lado las diferencias y nos enfocamos en lo que nos unifica, un ecosistema de crecimiento empresarial fortalecido para afrontar los cambios de los próximos 20 años.