La criminalización de las protestas ciudadanas en el mundo ha sido la respuesta de los centros de poder económico y político, amenazados con la pérdida de privilegios y espacios de decisión. Las calles han hablado claro y, como respuesta, han recibido los duros golpes de la represión. Sin embargo, los diques van cediendo cada vez más y aquella ciudadanía indecisa y acomodada comienza ya a decantarse por la protesta. Sin embargo, aun cuando los cuerpos institucionales armados y entrenados para contener la frustración de los pueblos han causado muertes y daños severos a quienes expresan su descontento con el sistema, la dinámica es ya difícil de contener a pesar de tácticas represivas más propias de situaciones de guerra que de contención de manifestaciones ciudadanas.

Ante esta realidad, se han disparado desde el corazón del imperio neoliberal los mecanismos de la nueva Guerra Fría y, sin disimulo alguno, los presidentes sumisos al poder económico abren las compuertas y permiten la intervención de elementos capaces de hacerles la tarea sucia: acallar las protestas y fortalecer a esos gobiernos, no importando cómo ni a qué precio. Hoy Chile es un espejo en donde se puede ver la mano externa que viene al rescate de un sistema caduco y fracasado. Por supuesto, cuenta con la indudable complicidad del puñado de familias poderosas y sus círculos de influencia, aterrados con la perspectiva de ver afectados sus intereses en el corto plazo.

El presidente chileno, uno de los hombres más acaudalados del continente y también uno de los más despreciados en su propio país, se ha revelado en toda su pequeñez al sabotear la COP25, importante cumbre sobre el cambio climático, en donde el gobierno chileno dejó en evidencia su decisión de sacrificar el futuro del planeta en una balanza cuyo peso mayor es el beneficio particular de los sectores corporativos, en cuyas operaciones reside el mayor peso de la degradación ambiental del globo. La fracasada intervención de Chile en el evento y su presentación de un texto alejado de los Acuerdos de París fue la ratificación de una postura contraria a las evidencias científicas, pero sobre todo su indiferencia ante la creciente preocupación de los pueblos por los nocivos efectos de las emisiones de carbono provocadas por la industria.

En otros países de la región se comienza a perfilar un retroceso a los años de la Guerra Fría, cuando la estrategia de intervención desde Estados Unidos era totalmente abierta y descarada. En Bolivia, por ejemplo, puso a funcionar a su títere mayor –la OEA- hasta conseguir sacar del poder al único mandatario del continente que había realizado un trabajo sorprendente en uno de los países más golpeados y desiguales de América Latina. Esto, quizá, como respuesta a su fracaso en las elecciones de Argentina, en donde la balanza hacia el socialismo le asestó un duro revés. Mientras tanto, el discurso moralista –democracia, derechos humanos y lucha contra las drogas- no resiste el menor análisis cuando se observa la manera cómo el Departamento de Estado actúa frente a los crímenes cometidos por gobiernos mucho más débiles y corruptos, como el guatemalteco, para asegurarse el uso del territorio de esa nación en su política anti inmigrantes. Estos peleles, obedientes ante el poder supremo de las grandes corporaciones y los gobiernos del primer mundo, son incapaces de comprender los alcances de su traición y arrastran a sus naciones sin el menor escrúpulo, hacia la miseria y la destrucción.