¿Quién no ha sido objeto de un robo en los últimos años? Nadie se escapa. Pensaríamos que sólo nos pasa en nuestros países del Istmo, donde la pobreza abunda, pero no es así, pues se trata de un cáncer que corrompe al mundo entero. Durante la época de Ubico, a la ciudad de Guatemala le decían la “tacita de plata”. Era un lugar maravilloso, limpio, sin crímenes de ninguna clase, y sin robos. Cualquier persona que cometiera un robo era severamente castigada y, por ende, las puertas de las casas podían estar abiertas hasta en las noches de par en par.

Hace dos días, me encontraba en una ciudad norteamericana haciendo yoga en el lugar más calmado donde nunca ocurrían robos. Para sorpresa de todos, al terminar la clase, nuestras bicicletas habían desaparecido. Lo primero que pensé fue que jamás las encontraríamos, pero las autoridades policíacas estadounidenses fueron tan eficientes que en menos de dos horas ya habían apresado a los delincuentes y nos devolvieron las bicicletas. Me pregunto si en Guatemala las hubiésemos recuperado. Pero nuestros dolores de cabeza no son únicamente los robos, sino las extorsiones y los homicidios.

Tan así que Guatemala registra un aumento del 9.9% en homicidios durante el 2022, en comparación con el mismo período del año anterior. Por su lado, El Salvador vive una de las olas más mortíferas en 30 años, cuando al menos 62 personas han muerto últimamente en una matanza de pandillas.

Costa Rica no se queda atrás. Honduras también va en el mismo camino, pues la violencia aumentó un 3.2% en el primer bimestre del 2022, frente al mismo lapso del 2021, según estadísticas. Febrero cerró con 234 muertes violentas y, en total, 585 asesinatos en los primeros dos meses del 2022.

En Honduras hay 9.77 víctimas de violencia por las maras por cada 100,000 habitantes. En Nicaragua son las mujeres las más violentadas, y ni Costa Rica se queda atrás. Si las condiciones actuales de violencia siguen en dicho país, el 2022 será considerado como el año más violento en Costa Rica y, según Walter Espinoza, director del Organismo Judicial, “concebir el homicidio de una persona que ha estado involucrada en hechos criminales como aceptable es, desde cualquier perspectiva, un mal análisis”.

Desde que empezó el brote de covid-19, la violencia contra las mujeres y niños se ha intensificado, pues las restricciones les han limitado su movilización, y al quedar atrapados con sus agresores, aislados del contacto social, no pueden acudir a las redes de apoyo. Por aparte, la precarización económica ha impedido a las mujeres poder abandonar abusos en el hogar. Otras corren el riesgo de matrimonio infantil, o de ser víctimas de mafias y de otras redes que se encargan de trata de personas. No solo es el género femenino el más vulnerable ante la violencia, sino también los niños y ancianos, que son los mayormente atacados por las maras.

¿Qué podemos hacer? 1) Aumentar recursos destinados a líneas de atención, refugios para niños, mujeres y ancianos y otros servicios. 2) Que el Ministerio Público dé seguimiento eficiente ante las solicitudes de las víctimas. 3) Asegurarse de que los jueces no estén comprados. 4) Contar con sistemas de notificación de emergencias en farmacias. 5) Fortalecer al cuerpo policíaco, investigándoles antes de contratarles, y mejorar sus salarios, capacitándolos de forma más profesional, entre otros.

Ya es hora de que los ciudadanos de a pie exijamos a las autoridades un mejor desempeño en la seguridad. No podemos permitir que los jueces sean comprados por el crimen organizado, si no queremos que nuestros conciudadanos sigan emigrando a otros países que les ofrezcan mayor estabilidad. Es nuestro derecho ciudadano el vivir en paz.