Políticas Públicas
Los peligros del presupuesto
En vez de ser herramienta de política económica se ha convertido en un bolsón para repartir favores.
En el Congreso hay una inusual ansiedad por aprobar el Presupuesto del Estado para 2025. En medio de las prisas, el proyecto que envió el Ejecutivo (que ya tenía varias falencias importantes) sufrió un preocupante deterioro en el proceso de dictaminación a cargo de la Comisión de Finanzas. Esa ansiedad se puede explicar por el interés de muchos diputados de beneficiarse del masivo reparto de recursos hacia las municipalidades, consejos de desarrollo y otros destinos clientelares. Si ya el proyecto original del Ejecutivo entrañaba peligros, ahora se le agregaron otros peores.
En efecto, el proyecto enviado por el Ejecutivo incluía un techo de gasto y un déficit fiscal que significan un desvío respecto de la senda de sostenibilidad fiscal que el país había mantenido en los últimos lustros, lo que, a mediano plazo, amenaza la preciada estabilidad económica del país; y, pese al sustancial incremento en los gastos, estos reflejan una continuidad inercial en el destino de los recursos, sin que se aprecien novedades significativas en cuanto a proyectos o servicios públicos que —salvo un leve incremento en la inversión pública— lo diferencien de la estructura de gastos observada en presupuestos anteriores.
Además, el proyecto no cumplía con preceptos legales básicos, particularmente en cuanto a la prohibición de usar recursos de deuda pública para financiar gastos de funcionamiento. Por su parte, las normas presupuestarias incluidas en el proyecto son prácticamente las mismas de presupuestos anteriores, que en poco han contribuido a combatir la corrupción o a mejorar la calidad de la ejecución presupuestaria.
Lejos de corregir estas falencias, el dictamen emitido la semana pasada por la Comisión de Finanzas opta por aumentar aún más el gasto (y el consiguiente déficit fiscal) y por hacerlo aún más opaco. Peor aún, el temerario aumento del techo de gasto se perpetra a través de una figura exótica, un “plan extraordinario para mantenimiento y rehabilitación de puentes y carreteras” por Q3.5 millardos: un plan improvisado del que no existe ningún desglose, no se identifica ningún proyecto y no forma parte de los planes habituales del Ministerio de Comunicaciones.
El dictamen emitido por la Comisión la semana pasada opta por aumentar aún más el gasto.
Por otro lado, y por si lo anterior fuera poco, la Comisión realizó una serie de readecuaciones (quitándoles recursos a varias entidades y proyectos) para aumentar la asignación de los Consejos de Desarrollo por ¡más de Q5 millardos!, asignación extraordinaria que no cuenta con un desglose del destino y para cuya ejecución “se faculta” a la Contraloría de Cuentas a que la fiscalice, lo cual (por ser una obligación inherente del ente fiscalizador) resulta innecesario y absurdo, sino que distrae del hecho de que es el propio Congreso quien ha fallado reiteradamente en su papel de velar porque la Contraloría cumpla sus obligaciones legales y constitucionales.
Con esta asignación extraordinaria, los Consejos suman fondos frescos por casi Q10 millardos (sin contar lo que no se gasten este año y que, por virtud de otra ocurrente ley aprobada hace pocos días, no estarán obligados a devolver al fondo común a fin de año). Si a eso sumamos los más de Q13 millardos asignados a las municipalidades, nos topamos con un multimillonario bolsón de recursos destinados a rubros que no solo no responden a ninguna política de Estado, sino que tradicionalmente han sido gastados de manera opaca e ineficiente.
Quienes esperábamos que el Presupuesto del Estado para 2025 iba a ser mejor que los de años anteriores (o que, al menos, sería fiscalmente prudente) tenemos derecho a sentirnos profundamente defraudados.
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