Cuando se pensaba que los dinosaurios ya estaban en proceso de extinción, estos vuelven a resurgir por medio de la Corte de Constitucionalidad, cuyos magistrados insisten en apoyar a la clase política golpista. Con ese fallo, esta corte nos recuerda que está constituida por magistrados venales, al servicio de la corrupción y la impunidad y, por lo mismo, respaldan a quienes utilizan el Organismo Legislativo para la rapiña y el clientelismo. Le otorgaron el amparo provisional precisamente a los que en el último cuatrienio han manipulado las leyes y han tenido en el Legislativo como directivos a diputados del narcopartido UCN, ya cancelado. Basaron su resolución en el fallo de un juez ordinario que pasa sobre la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Entonces, no estamos ante un amparo que atienda criterios constitucionales, sino frente al manotazo de magistrados comprometidos con el régimen de la cleptocracia más rancia.

Los magistrados de la CC tenían la consigna de restarle poder a Semilla. No solo porque afecta a sus aliados del pacto de corruptos en el Congreso, sino porque las iniciativas de ley que plantea la nueva alianza podrían poner en peligro los privilegios del Cacif. Le arrebataron la presidencia del Congreso a Semilla y lo quitaron de las comisiones legislativas por un fallo espurio del juez Fredy Orellana, que violó el andamiaje constitucional. Todo lo referente a la materia electoral le corresponde decidir al Tribunal Supremo Electoral (TSE), a cuyos magistrados la CC abandonó a su suerte. El fallo de la CC pasa por alto que, de acuerdo con la referida ley, la suspensión máxima de un partido político debe ser de seis meses. El Movimiento Semilla fue suspendido el 12 de julio de 2023 y el pasado 11 de enero se cumplieron los seis meses, por lo que ya no es válido el argumento de la suspensión.

Los intereses políticos en la Corte de Constitucionalidad están a flor de piel. En esa instancia destaca la presencia de Roberto Molina Barreto, quien ha combinado su labor como jurista con la de político ultraderechista, cercano al riosmonttismo. Tan es así que para las elecciones del 2019 se presentó como candidato vicepresidencial del partido Valor, junto a Zury Ríos, aunque no pudieron participar por impedimento constitucional. Como magistrado de la CC, en el 2011 votó a favor de anular la sentencia contra Ríos Montt y luego, en el 2015, votó en contra de retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina. Se sabe que Molina Barreto ha estado detrás de las resoluciones contrarias a Semilla, no solo por sus vínculos con el partido Valor, sino con el sector privado. Otro magistrado de la CC ligado a Valor es Luis Rosales, mientras que los magistrados Hugo Pérez Aguilera, Leyla Lemus y Nester Vásquez responden a los intereses de Vamos. Los dos partidos mencionados son los que apoyan la planilla de Sandra Jovel en el Congreso. Más aún, estos magistrados también fueron determinantes para que Consuelo Porras continuara al frente del Ministerio Público.

Los diputados del pacto de corruptos quieren evitar a toda costa perder sus privilegios en el Organismo Legislativo. Sus intereses van desde los negocios oscuros hasta tratar de torpedear al presidente Bernardo Arévalo para hacerle la vida imposible. Otra figura que se dibuja en ese escenario es Sandra Torres, que aún busca mantener su debilitada cuota de poder. Por eso fue un signo de madurez que la bancada de Semilla diera un paso al costado para dejarle sus espacios a otros diputados de la nueva coalición, en el entendido de que lo importante no son los puestos, sino la agenda legislativa de consenso. Es evidente, pues, que los magistrados de la CC dejaron de defender la Constitución porque su verdadero interés es proteger los intereses de la clase política corrupta.