Partamos del criterio de que las acciones contra el partido vencedor en las elecciones carecen de sustento legal y forman parte de un golpe de Estado, cuyo objetivo es debilitar, extorsionar y, eventualmente, sustituir al presidente electo por otro gobernante designado por el Congreso. En los últimos tres años, el presidente Giammattei construyó una alianza con varios partidos políticos afines al oficialista Vamos, así como la cooptación del Ministerio Público, el Organismo Legislativo, el Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de Derechos Humanos, entre otros. Esa estructura es la que está detrás de los intentos golpistas contra el presidente electo Bernardo Arévalo. La fiscal Consuelo Porras fue designada para inventar la narrativa de que el partido anticorrupción es un partido corrupto porque fue inscrito con firmas falsas. Pero no solo eso, tal historia les sirve para destruir a ese partido.

Si hubiera objeciones sobre la constitución de Semilla, a quien correspondería investigar sería al Tribunal Supremo Electoral, o en todo caso a la Fiscalía contra Delitos Electorales, y no a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci). El acuerdo 59-2019, del Ministerio Público, define las funciones de la Feci: a) investigar hechos vinculados a cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y b) investigar estructuras criminales o personas individuales, funcionarios públicos o particulares que puedan generar impunidad. Como se ve, nada relacionado con asuntos electorales, pero el objetivo de Porras era cimentar la historia de que Semilla es una estructura criminal porque eso favorece los planes de Giammattei y su pareja, Miguel Martínez. Además, Porras confía en Rafael Curruchiche para los trabajos espurios. Otro aliado oportuno es el juez Fredy Orellana, quien ordena la suspensión de Semilla, sin tomar en cuenta que, durante el período electoral que concluye el 31 de octubre, esa medida es ilegal.

Curruchiche informa al Congreso sobre la suspensión de Semilla y de manera diligente la Junta Directa, encabezada por Shirley Rivera, elimina a la bancada de ese partido. Rivera nunca da un paso sin el visto bueno de Giammattei. En río revuelto, ganancia de pescadores, piensa Sandra Torres, quien no acepta su aplastante derrota e insiste en que se declaren nulas las elecciones, con base en pruebas manipuladas por su equipo. ¿Por qué han maniobrado tanto? La razón es sencilla: Si Arévalo llega fuerte a la Presidencia podrá desmontar los negocios con fondos del Estado, lo cual afecta a la partidocracia corrupta. Algunos creen que Giammattei no tiene que ver con el golpe de Estado porque ya se va. Craso error. El mandatario tiene compromisos con la alianza que construyó y no puede dejar cabos sueltos. Él se puede ir tranquilo a Italia, pero ¿qué pasaría con Miguel Martínez y sus aliados involucrados en el saqueo de las arcas del Estado?

¿Qué sigue? La eliminación de la bancada de Semilla es una forma de torcerle el brazo a Arévalo para que negocie con los partidos tradicionales. Si negocia, no habrá problema porque todo seguirá igual. Pero si insiste en aguarles la fiesta de corrupción, entonces podrían activar la siguiente etapa: el próximo Congreso eliminaría a los nuevos diputados de Semilla, trataría de quitarle el antejuicio a Arévalo, lo perseguiría y nombraría a un presidente provisional que convocaría a nuevas elecciones, en las que ya no participaría Semilla porque ya no existiría como partido. Parece descabellado, pero Giammattei y su alianza han demostrado que nada es imposible. De esa forma llevarían a Guatemala a niveles de autoritarismo e impunidad peores que en Nicaragua y Venezuela. Eso tendría un alto costo en la imagen del país frente al mundo, pero sabemos que a ellos no les importa, siempre y cuando sus negocios estén a salvo.