Conforme la ley, “el proceso electoral deberá realizarse en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales”. ¿Esto es cierto? La semana pasada, en un reportaje de ConCriterio, por Radio Fabulosa, relativo a buscar reacciones frente al colmo del absurdo y del abuso del Ministerio Público por acusar a Jose Rubén Zamora por su firma en boletas aduanales, el reportero señaló haber entrevistado a varios abogados que no quisieron opinar por “temor a represalias” y solo uno de ellos, con nombre y apellido, dio una opinión técnica sobre lo que debemos entender por política criminal y los efectos de un delito en la sociedad.

Sin buscarlo, el reportero describió un estado de temor para opinar y esto es grave, pues ningún proceso democrático puede descansar en la autocensura y mucho menos en el miedo. El presidente Giammattei y el vicepresidente Castillo deben estar comprometidos con la plena vigencia de los derechos constitucionales, porque su primera función es hacer cumplir la ley y la realidad nos dibuja algo distinto.

Si al estado de temor le agregamos un sistema judicial legalmente en funcionamiento pero ilegítimamente establecido, al no haberse renovado, además de una autoridad electoral sin confianza ciudadana y gastando cataratas de dinero sintiéndose impune, sin duda alguna el panorama no es halagüeño. Un proceso electoral está diseñado para que distintas corrientes políticas y de opinión puedan brindar soluciones a los distintos problemas sociales, nuestro país, ocupando el segundo peor lugar en indicadores sociales en Latinoamérica, realiza un proceso electoral donde el miedo existe y, además, con propuestas demasiado mediocres como hemos podido ver. Muy pocos candidatos tocan temas estructurales y la mayoría se decanta por opciones clientelares.

En países con poca institucionalidad, como nosotros, y además en franco retroceso en las libertades ciudadanas, también como nosotros, el riesgo es condenar a las nuevas generaciones a la migración o a la incapacidad educativa, como justo antier Prensa Libre lo señaló en su titular, pero donde, además, este gobierno deja a la Universidad de San Carlos en su peor crisis en 347 años de historia, lo cual no es ningún buen legado.

Sin institucionalidad no hay desarrollo y sin control del poder no hay libertad; así de sencillo. En consecuencia, ¿cómo se puede escoger por quién votar? Pues quienes apoyan el verdadero fortalecimiento institucional de seguro tendrán mejores opciones para construir el desarrollo, y por otra parte, quienes procuran verdadero control del poder nos garantizan libertad, actualmente con una cooptación institucional tan enorme, estarán quienes defienden el actual sistema mercantilista donde los privilegios para producir y la impunidad están al mejor postor, o quienes procuren, para las nuevas generaciones, opciones para triunfar en este pedazo de tierra y no tener que salir como única condición de sobrevivencia.

Es bien complejo escribir una letra en defensa del sistema democrático cuando la Constitución y el voto se han convertido en herramientas de retrocesos institucionales o amenazas a nuestros derechos; sin embargo, basta ver la historia para darnos cuenta de que, por ejemplo, el sistema judicial fue el mayor cómplice de los gobiernos militares para sus represiones indiscriminadas y grupos tradicionales de poder, por acción u omisión, se sumaron siempre al esfuerzo de boicotear vientos de verdaderas opciones democráticas.

El proceso electoral no es el día de la elección y ya el TSE solito perdió mucha confianza, así que no queda más que enarbolar nuestro derecho constitucional de velar por la efectividad y libertad del sufragio, pues ya el proceso electoral quedó en déficit de pureza.