Punto de encuentro
¡Libertad para Zamora YA!
Van 731 días de prisión ilegal.
Ayer, 29 de julio, se cumplieron dos años desde que Jose Rubén Zamora Marroquín fue detenido y encarcelado en una bartolina del cuartel militar Mariscal Zavala.
Aquella jornada se recordará como el día en que el Pacto de Corruptos, a través de María Consuelo Porras Argueta, concretó su venganza por las publicaciones periodísticas sobre graves casos de corrupción que implicaban al entonces presidente, Alejandro Giammattei, a su pareja Miguel Martínez y a los socios del Pacto.
El demencial operativo en la casa de Zamora y en las instalaciones del diario elPeriódico —en las que se utilizaron incluso carros sin placas— fue el preludio de lo que se venía: una persecución judicial sistemática en contra de uno de los referentes del periodismo de investigación de Guatemala y de la región, y el cierre de un medio que desveló decenas de negocios oscuros y corruptelas.
Con una acusación floja y descabellada que el propio Rafael Curruchiche —jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP)— reconoció que se había armado en 14 días, y con la complicidad del juez Fredy Orellana (uno de los mimados de la Fiscalía), Zamora fue ligado a proceso penal por los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje. También fue privada de su libertad la fiscal Samari Gómez, a quien implicaron en el “caso” con el único propósito de endilgarle a Jose Rubén el delito de tráfico de influencias. Así de burdo, así de perverso.
Desde el colectivo #NoNosCallarán exigimos ¡Libertad para Zamora YA!
Lo que siguió —y continúa— fue una trama de violaciones a su derecho de defensa y una retahíla de acciones espurias para retardar maliciosamente el proceso. A tal punto llegó la perversidad del MP que hostigaron a diez de sus abogados defensores forzándolos a renunciar uno tras otro (4 incluso fueron capturados y decidieron aceptar cargos para evitar permanecer en prisión). Después vino un juicio plagado de inconsistencias en el que se terminó absolviendo a la abogada Samari Gómez, se le retiraron dos delitos a Zamora y, con base en inferencias, se le condenó a seis años de prisión por lavado de dinero.
Ese juicio fue anulado y todavía se está a la espera de que se repita, como ordenó una sala de apelaciones. Sin embargo, no es el único proceso que enfrenta Jose Rubén. Como sucedió con Virginia Laparra y está ocurriendo con el fiscal Stuardo Campo, el MP fabrica más casos para alargarles la prisión preventiva y convertirla en una pena anticipada. Zamora lleva 731 días de prisión que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas calificó como tal. “El remedio adecuado sería poner al Sr. Zamora inmediatamente en libertad” dice su informe.
Y es que además de la persecución penal espuria —que es un patrón que el MP sigue en contra de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, estudiantes y profesores universitarios, abogados, periodistas y operadores de justicia independientes—, la privación de libertad de Jose Rubén fue la mejor manera que encontraron de enviarnos un mensaje a quienes ejercemos este oficio: lo mismo les puede pasar a ustedes. Eso es lo que se llama un caso “ejemplarizante”.
A este acoso judicial hay que agregar las torturas a las que fue sometido Zamora durante el régimen de Alejandro Giammattei: se le permitía salir a tomar el sol solamente una hora al día; infestaron su bartolina con una plaga de chinches y pulgas; con perros ingresaban de madrugada para “requisar” su celda; y cuando iba a tribunales le robaban sus libros y apuntes. Aunque esto cambió con la llegada de Bernardo Arévalo a la presidencia, sigue siendo una vergüenza que el ‘gobierno de la primavera’ no haya despedido a Consuelo Porras de la Fiscalía General para que cese de una vez y por todas este uso abusivo del Derecho Penal y no haya más presos políticos.
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