Este jueves 23 de febrero se cumple un año de la detención y encarcelamiento de Virginia Laparra Rivas, abogada y exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en Quetzaltenango.

Durante estos 12 meses hemos sido testigos de cómo se está utilizando el sistema de justicia penal para perseguirla por su trabajo en la investigación y procesamiento de estructuras criminales de corrupción. En diciembre último, Amnistía Internacional la declaró “prisionera de conciencia que está pagando un alto precio por ejercer su labor de fiscal anticorrupción y protagonizar la lucha contra la impunidad en Guatemala”.

El ensañamiento contra Virginia Laparra tiene por lo menos dos causas: castigarla por la osadía de denunciar a funcionarios judiciales que forman parte de las redes de tráfico de influencias y dar una lección “ejemplificante” para que nunca más un fiscal o trabajador del MP denuncie a un juez. El mensaje es claro: quien lo haga, podrá ser procesado penalmente.

A la exfiscal, además, se le está dando un trato arbitrario y discriminatorio al mantenerla en prisión y denegar todas las solicitudes que su defensa ha planteado para que se le otorgue una medida sustitutiva.

A pesar de que desde el 2018, Laparra se presentó a todas las audiencias que fijó el juez séptimo en el marco del proceso penal en su contra, éste le giró una orden de captura y le dictó prisión preventiva argumentando que los recursos legales que ella venía planteando como parte de su defensa (amparos y recusaciones, por ejemplo) demostraban que existía peligro de fuga. En la transcripción de la audiencia del 3/3/22 se lee: “el juzgador considera que existe un claro peligro de fuga (…) Al momento de que se le otorgara una medida sustitutiva, comenzaría nuevamente la actividad recursiva, el planteamiento de recursos, acciones de amparo, recusaciones que impedirían la prosecución normal de este proceso penal (…)”. O sea, encima de que la acusación era espuria, Virginia Laparra no tendría que haberse defendido.

Más adelante el juez volvió a denegarle el arresto domiciliario argumentando que las entrevistas que brindó a algunos medios de comunicación sobre lo arbitrario de su detención y las notas informativas o columnas publicadas sobre su injusta persecución penal y las condiciones deplorables de encarcelamiento, evidenciaban peligro de fuga y deseo de obstruir la justicia porque mandaban “un mensaje negativo a la población de que los órganos jurisdiccionales son todos corruptos” (Resolución del 7/6/22).

Incluso ahora que la exfiscal Laparra ya fue condenada por el delito de abuso de autoridad a 4 años conmutables, no puede salir de prisión porque la jueza que dictó la sentencia resolvió que se haga efectiva hasta que la misma quede en firme y, además, porque el MP inició un segundo proceso en su contra del que poco se sabe porque, para variar, fue declarado bajo reserva.

Virginia Laparra trabajó durante 16 años en el MP y el ascenso en su carrera fiscal se debió a su capacidad profesional. El “delito” que cometió fue denunciar administrativamente (subrayo, administrativamente) al entonces juez Lesther Castellanos, hoy comisionado contra la Tortura, por haber trasladado información de un caso bajo reserva. Mientras ella sigue guardando injusta prisión, personajes acusados de lavado de dinero y sobornos por millones de quetzales —como Manuel Baldizón o Alejandro Sinibaldi— son favorecidos con medidas sustitutivas.

Los sistemas de justicia se conforman para dirimir los conflictos sin que predomine la venganza o que la misma se ejerza por mano propia. Cuando estos se convierten en herramienta de venganza, no solo se está cometiendo una injusticia y una arbitrariedad, se están demoliendo los cimientos mismos de la vida en sociedad. ¡Libertad para Virginia Laparra!