Jose Rubén Zamora (JRZ), presidente del extinto diario elPeriódico, cumplió este 29 de julio 365 días de estar en prisión. Tras más de 30 años de persecución, amenazas y ataques, el MP de Consuelo Porras lo encerró para procesarlo por los supuestos delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Y digo supuestos porque un tribunal lo absolvió de los dos últimos y lo condenó por lavado a seis años de cárcel (el MP pidió 40), aunque durante el juicio nunca se probó el origen ilícito del dinero.

Este proceso, el primero que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del MP mantiene en su contra, estuvo desde el inicio plagado de atropellos e inconsistencias. En el allanamiento a la vivienda de Zamora —a la que ingresaron por el techo fiscales y agentes de la PNC con gorros pasamontañas y armas de asalto, como si se tratara de la guarida de un narco— participaron también individuos de particular que llegaron en carros sin placas. Luego se conoció por boca del propio jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, que el caso se armó en 72 horas (El Faro, 15/8/22) y que la acusación se basó en unos audios grabados ilegalmente por el exbanquero Ronald Navarijo, acusado por corrupción, y a quien un juzgado, con la anuencia del MP, le “descongeló” Q33 millones que permanecían embargados apenas 11 días antes de la captura de Zamora (elPeriódico 9/8/22). ¿Casualidad?

Junto a JRZ fue capturada Samari Gómez, quien hasta ese momento era auxiliar fiscal del MP. Tras la sentencia absolutoria de Gómez quedó claro que la implicaron en el caso para que la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) pudiera querellarse en el proceso. El Código Procesal Penal permite que cualquier persona sea admitida como querellante cuando se trata de una causa en contra de un funcionario público, y esa fue la vía que usaron sin importar que fuera inocente (PzP, 14/6/23).

Zamora llegó al juicio en condiciones desventajosas y en estado de indefensión. El juez Fredy Orellana, quien ordenó su captura —sí, el mismo que ahora quiere anular la segunda ronda electoral—, le denegó presentar ante el tribunal que lo juzgaría la mayoría de pruebas descargo y también emprendió la persecución penal en contra de cuatro de sus abogados defensores que debieron aceptar cargos para salir de prisión. En 11 meses, el periodista se vio obligado a cambiar 10 veces su defensa y tuvo que afrontar —estando preso— el cierre de elPeriódico por las presiones hacia sus anunciantes y a su equipo de editores y reporteros. Por si fuera poco, un grupo de nueve periodistas y columnistas del diario están implicados en una investigación de la Feci por supuestamente “ayudarlo” a obstruir la justicia.

Desde su captura, JRZ está sometido a un régimen de aislamiento. Ocupa una minúscula bartolina en la prisión Mariscal Zavala, de la que puede salir a tomar el sol apenas una hora al día. Así describe su encierro: “En el mausoleo refrigerado donde vivo o quizá, más bien muero sin pausa, sujeto, en invierno y verano, a cuatro tsunamis diarios de polvo denso que entran implacables por los elevados respiraderos rectangulares de la pared frontal de mi suntuoso sepulcro, han secado y ardido mis ojos e inundado mis oídos, narices, poros y pulmones y que una vez introducidos no se pueden eliminar del cuerpo”.

Pero el impacto del caso Zamora va más allá. Es un atropello a la libertad de expresión, al periodismo independiente y al derecho de la población a estar informada. Su procesamiento es parte de la estrategia del gobierno y de los sectores de poder de silenciar a las voces críticas que develan corrupción e impunidad y una muestra palpable de la dictadura del silencio que nos quieren imponer.
Desde esta columna me sumo a la exigencia por su liberación inmediata y a sus palabras el día del juicio: “No nos vencerán”.