De mis notas
¿Leyes de competencia o incompetencia?
La propuesta de crear un superorganismo regulador con amplios poderes genera preocupaciones.
En el Congreso de la República se debate una ley de competencia que tiene a muchos preocupados. ¿Por qué? Principalmente, por la falta de confianza en su capacidad para legislar con criterios técnicos en lugar de políticos. Una redacción ambigua, abierta a interpretaciones subjetivas o influencias ideológicas no nos deja mucho espacio para el optimismo.
La ambigüedad en la redacción de una ley es una invitación a la discrecionalidad.
Hoy en día, las leyes de competencia son como brújulas que nos ayudan a mantener un juego limpio en la economía y a estimular nuevas ideas. Sin embargo, la historia nos enseña que equilibrar la libertad empresarial con el control del poder no es tarea fácil, pero es vital para el progreso económico y social.
Estuve leyendo la histórica Ley Sherman Antitrust de 1890, la legislación antimonopolio que fue creada para promover un mercado competitivo. Pero realmente fue Robert Bork quien contribuyó significativamente a este legado, redefiniendo el enfoque de las leyes hacia la eficiencia y el bienestar del consumidor, en lugar de simplemente atacar a las grandes empresas.
Y, ahora, en pleno siglo XXI, nos enfrentamos al desafío de adaptar nuestras leyes a una economía digital globalizada y a una realidad política nacional que, para ser honestos, está muy complicada.
En nuestro país, la situación política actual, caracterizada por divisiones y prácticas clientelares, presenta desafíos adicionales para reformar las leyes de competencia. La propuesta de crear un superorganismo regulador con amplios poderes genera preocupaciones comprensibles entre los sectores productivos, temerosos de un posible uso ideológico para fines selectivos.
Es evidente que escribir una ley de competencia que sea clara y precisa es fundamental. Sin embargo, en el clima político actual, esto parece ser un desafío considerable. Una preocupación creciente es evitar la ambigüedad en la redacción, ya que podría llevar a interpretaciones subjetivas o decisiones a discreción, con los consiguientes efectos espurios que ya conocemos… Es por ello que la objetividad y precisión en la redacción no solo harán más fácil su aplicación, sino que también proporcionarán seguridad legal a todos los participantes del mercado.
Otro punto importante: cualquier ley de competencia que aspire a ser efectiva en nuestro contexto debe considerar la realidad de la enorme porosidad de nuestras fronteras y el impacto del contrabando. Esta realidad es una contradicción, pues crea una competencia desleal, reduce los ingresos fiscales y expone a los consumidores a productos de dudosa calidad.
La transición hacia una economía digital es un reto que presenta tanto oportunidades como desafíos para las leyes de competencia. Porque si bien las plataformas digitales impulsan la innovación y ofrecen nuevas oportunidades para el emprendimiento, también pueden crear distorsiones de mercado que favorecen la concentración y limitan la competencia. Abordar estos aspectos requiere un enfoque que comprenda las tecnologías actuales para adaptarse a las innovaciones futuras.
Hay que estar conscientes de que crear una ley de competencia para el siglo XXI exige un enfoque equilibrado que proteja el proceso de competencia, que fomente la innovación y que sea sensible a las realidades económicas y políticas de nuestro país.
La colaboración entre el Gobierno y el sector privado es decisivo para diseñar una legislación que no solo aborde los desafíos actuales, sino que también sea flexible ante los cambios futuros. Sin embargo, ¿es posible lograrlo en medio de la polarización que se percibe en todos los ámbitos, especialmente en el legislativo? Francamente, la realidad parece estar diciendo lo contrario.
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