Por la libertad

Ley de Competencia: un error costoso

Mejor hubieran desregulado, que es justo lo que necesitamos para que exista más competencia.

Después de aproximadamente un cuarto de siglo de cabildeos, se aprobó la nefasta Ley de Competencia. No es un día para estar felices. Escuché de un congresista el peor argumento para aprobarla: que la Unión Europea lo exige. ¡Vaya argumento! Podrán exigir lo que quieran, pero ese no es un argumento para crear una “super-ultra-mega-gran-burocracia” que irá con mucho poder contra los empresarios y la empresarialidad. Al fin y al cabo, eso es lo que hará esta nueva entidad controladora, esta “Superintendencia de la Competencia”. Una ley totalmente innecesaria, si tan solo se hubieran eliminado todas las restricciones arancelarias y no arancelarias al comercio exterior.

Una ley totalmente innecesaria, si tan solo se hubieran eliminado todas las restriciones arancelarias y no arancelarias al comercio exterior.

¿Qué habrán pensado los grandes empresarios que la apoyaron al verla inofensiva? Ahora, que no se quejen cuando, por cualquier cosa, tengan metidos en sus empresas a los inspectores de esta nueva entidad chantajeándolos o parando sus actividades lícitas. Todo porque el pensamiento detrás de los principales promotores de esta ley es “antiempresarial” y “anticapitalista”. Ya había escrito varios artículos sobre el tema cada vez que se quería aprobar la ley. El último fue en mayo de este año, hablando de que ni siquiera se debería considerar una versión “light” de este nuevo monstruo que, con nuestros impuestos, comenzará a entorpecer la vida de quienes producen riqueza y el crecimiento económico. No pasará mucho tiempo para que veamos cada día, mes o año incrementar la injerencia de estos burócratas que solo consumen nuestros recursos sin saber cómo se producen.

La verdadera competencia no necesita de ninguna ley. Basta con permitir que cualquier persona pueda entrar a producir o importar cualquier bien o servicio, sin restricciones adicionales a las que todos están sujetos por las leyes generales del país. Todas las supuestas malas prácticas a las que se refiere la ley desaparecen inmediatamente con la apertura comercial total. La peor de las competencias es la potencial, y si la permitimos, actuará siempre evitando precios de monopolio. Los aranceles y las restricciones arancelarias son los principales instrumentos contra la competencia, y por ello era lo que había que eliminar. Proteger a unas pocas empresas o productos no vale la pena cuando el país entero se beneficia del libre comercio y de la libre competencia.

Es verdad que puede haber empresas únicas a pesar de la libre entrada y salida de capitales, bienes y servicios. Pero esto no es malo, sino que es debido a la estructura de costos particular de esa industria. El tamaño de escala puede impedir que coexistan dos o más empresas, por lo que con una se satisface el mercado. Pero siempre está la competencia externa que, en el momento en que la local incremente su precio más allá del precio de importar el producto, alguien más lo importará.

Por querer complacer a los políticos y burócratas de la Unión Europea, que además es sumamente proteccionista, vamos a hacernos daño nosotros mismos. De entrada, esta ley incrementará los costos de las empresas. Este nuevo monstruo que se crea, la Superintendencia de la Competencia, crecerá cada año en burócratas y presupuesto. Adivinen quién lo paga. Lo pagamos todos con nuestros impuestos, y las empresas tendrán que cubrir esos costos adicionales con algún incremento en precio. No es inmediato, pero dependiendo de la sensibilidad de la demanda de cada producto, así irán aumentando poco a poco algunos precios. No nos daremos cuenta, pero pagaremos más.

Lamento esta aprobación. ¿Qué se negoció con los diputados? No sé. No me lo esperaba. Esto es un retroceso y una mala noticia para la empresarialidad en el país. Mejor hubieran desregulado, que es justo lo que necesitamos para que exista más competencia.

ESCRITO POR:

Ramón Parellada

Empresario. Catedrático universitario. Director del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES).