Es probable que hayas suspirado profundamente con alivio cuando escuchaste que Emmanuel Macron derrotó a Marine Le Pen por un margen de 17 puntos el domingo en las elecciones presidenciales de Francia.

Una victoria de Le Pen habría sido una bendición para Vladimir Putin, Viktor Orbán y Steve Bannon y un desastre para la OTAN, Europa y Francia.

El centro aguantó, gracias a Dios, porque Macron gobernó desde el centro. Fue odiado tanto por la extrema izquierda como por la extrema derecha y nunca complació del todo a los más cercanos al centro.

Pero también se convirtió en el primer presidente francés en ser reelegido en 20 años.

Hay una lección en eso para el gobierno de Biden y los demócratas en el Congreso, especialmente cuando se trata del tema de la inmigración.

En los últimos años, se ha convertido en un artículo de fe progresista que las iniciativas para controlar la inmigración presuntamente son racistas.

Un muro fronterizo es “un monumento a la supremacía blanca”, según un artículo publicado en Bloomberg. La política de “Permanecer en México” es “racista, cruel e inhumana”, según el Justice Action Center. Un ensayo publicado por la Institución Brookings llama a la política de inmigración de Estados Unidos “un clásico y poco apreciado ejemplo de racismo estructural”.

No hace mucho tiempo, la opinión de Bernie Sanders, quien era un restrictivo declarado, era que la inmigración deprime los salarios de la clase trabajadora. ¿Esa posición lo convirtió en un racista?

El consejo editorial de The Wall Street Journal, donde trabajé alguna vez, solía defender las fronteras abiertas con México. ¿Éramos progresistas de izquierda?

Las personas de buena voluntad deberían poder tener puntos de vista diferentes y matizados sobre la inmigración, y poder cambiar de opinión al respecto, sin que se les acuse de tener una deficiencia moral.

Pero ya no funcionan así las cosas en los círculos progresistas. El resultado de esto son decisiones políticas que son malas para el país y peores para los demócratas, y son un regalo inesperado para la extrema derecha.

El problema ahora es grave, ya que el gobierno de Biden busca, al mismo tiempo, poner fin a la política de “Quédate en México” de la administración Trump en un caso ante la Corte Suprema y aceptar una recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) para dejar que la implementación del Título 42, que permitía a las autoridades fronterizas expulsar inmigrantes ilegales como medida de salud pública, expire el 23 de mayo.

No hay muchas dudas sobre lo que sucederá si el gobierno consigue lo que quiere: estallará la frontera sur, ya de por sí tensa. En el año fiscal 2020 hubo 646.822 “acciones de cumplimiento” en la frontera. En 2021, el número estaba un poco por debajo de los 2 millones. Sin la autoridad del Título 42, bajo el cual se llevó a cabo el 62 por ciento de las expulsiones en 2021, la cantidad de migrantes liberados en Estados Unidos aumentará de manera drástica

No es necesario oponerse a la inmigración como un asunto general para tener serias dudas sobre el rumbo del gobierno.

¿Existe una alternativa legal práctica y disponible para regular la inmigración a través de la aplicación del Título 42? ¿Cuál es la lógica de terminar con el Título 42 incluso cuando el gobierno busca extender los mandatos del uso de cubrebocas porque la pandemia está lejos de terminar?

Dada la escasez de viviendas, ¿cuánta capacidad hay para absorber la próxima ola de inmigrantes? Incluso si la abrumadora mayoría de los inmigrantes simplemente buscan una vida mejor, ¿qué sistema existe para detectar a aquellos con intenciones menos honorables?

Más concretamente: ¿qué dice el fracaso total del gobierno en el control efectivo de la frontera sobre su compromiso con hacer cumplir el Estado de derecho?

Plantear tales preguntas debería ser una invitación a plantear una legislación migratoria equilibrada y práctica, y una oportunidad para ganarse a los republicanos moderados.

En cambio, tales interrogantes tienden a invitar a acusaciones baratas de racismo, junto con la parálisis de políticas en la Casa Blanca.

Como informó el sitio de noticias Politico la semana pasada, algunos piensan que la política secreta del gobierno es pedir el fin del Título 42 a fin de satisfacer a los progresistas mientras cruzan los dedos para que los tribunales lo mantengan, que fue lo que hizo un juez federal el lunes, al menos de manera temporal.

Los estadounidenses probablemente no eligieron a Joe Biden para que dirigiera un país a la retaguardia de los jueces designados por Trump.

Lo que nos lleva de nuevo al ejemplo de Francia. En 1974, cuando Jean-Marie Le Pen se postuló por primera vez a la presidencia desde una plataforma antiinmigración, obtuvo el 0,75 por ciento de los votos en la primera vuelta, menos de 200.000 votos. Cuando su hija Marine se postuló este año con una plataforma similar, obtuvo el 41,5 por ciento en la segunda ronda, o más de 13 millones de votos. Los Le Pen son fanáticos consumados.

Pero décadas de pretender que solo los intolerantes tenían preocupaciones sobre la inmigración solo fortalecieron la política que estos impulsan.

Como presidente, Macron dio un giro a la inmigración, no para debilitar la posición histórica de Francia como una sociedad abierta, amistosa con los recién llegados, sino para salvarla. Ha tomado medidas enérgicas contra algunos solicitantes de asilo, ha exigido que los inmigrantes aprendan francés y consigan trabajo y ha adoptado una línea dura contra el separatismo islámico.

Pero también ha tratado de que Francia sea un lugar más acogedor para la inmigración legal.

La izquierda piensa en él como una versión ligera de Le Pen, la derecha lo ve como un impostor irresponsable. Tal vez Macron es ambos. Por otra parte, también salvó a Francia para el mundo libre.

Los demócratas quizás deban repasar un poco su francés.