Los viejos dichos son siempre muy útiles. Toda medalla tiene dos lados, por ejemplo, y en los asuntos políticos, esto se cumple a cabalidad. Llegaron al país dos funcionarios importantes estadounidenses. Uno de ellos, Timothy Robbins, director ejecutivo adjunto del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), quien acompañó el martes un avión lleno de familias deportadas, una de ellas, por cierto, partida en dos, al haber viajado sólo el padre y un niño, pero la madre y otra niña permanecen detenidos. En otro vuelo llegó Mauricio Claver-Carone, asesor de Donald Trump para Asuntos Hemisféricos. El tema es obvio: cómo quedará la situación de los migrantes sin documentos a Estados Unidos, deportados cada vez en mayores cantidades a Guatemala.

Según el señor Robbins, la prioridad de detención y deportación es de criminales, fugitivos e inmigrantes recientes. Me parece necesario ver cifras, porque con solo observar a los pasajeros de los aviones, ello no se puede comprobar. Pero sí es cierta la decisión anunciada personalmente por Donald Trump de poder mantener indefinidamente a los niños, no solo veinte días. En sus declaraciones, Robbins aseguró la existencia de una política de prioridad de detención en los criminales condenados, y quienes amenazan la seguridad nacional son fugitivos e inmigrantes recientes. Estas afirmaciones necesitan cifras y explicaciones, porque a criterio de los guatemaltecos las parejas de esposos con uno o dos niños de corta edad no representan amenaza alguna para nadie.

Por su parte, el señor Claver-Carone asegura no haber habido una explicación de los beneficios de declarar país seguro a Guatemala. Califica de politiquería a las acciones de quienes quieren detener ese acuerdo entre los dos países, hecho tras bambalinas, e incluye a los 22 fiscales estadounidenses para quienes todo esto es discriminatorio. Para este funcionario estadounidense, esta es una de las pocas veces de solicitud de Estados Unidos para recibir ayuda guatemalteca. Es extraña su pregunta acerca de cuántos connacionales tratan de entrar a ese país por razones políticas, religiosas o étnicas, pues en su misma declaración señala al aspecto económico como la principal razón de ese arriesgadísimo y muchas veces mortal viaje a buscar un sueño desde hace mucho ya inexistente.

Desde la perspectiva de los guatemaltecos, ha ido en retroceso la posición de Estados Unidos, en especial la de Donald Trump. Primero, se interpretó correctamente como una obligación de Guatemala de otorgar asilo, comida y lugar donde quedarse a los extranjeros provenientes de todas partes del mundo. Luego se informó de ser afectados únicamente los ciudadanos salvadoreños y hondureños, y ahora las noticias han señalado a Estados Unidos como el país de donde saldrán los fondos. Los demás países involucrados, es decir México, El Salvador y Honduras, han logrado concesiones como producto de la capacidad de sus autoridades de Relaciones Exteriores y de los propios presidentes. Guatemala está nuevamente rezagada y sus autoridades, por milagro, silenciosas.

A todo esto se agrega el resultado de las elecciones guatemaltecas. Es obvia la importancia de conversar con los nuevos funcionarios, aunque no hayan tomado sus puestos, y no solo con quienes de hecho ya tienen mínima fuerza. Mientras, la población nacional considera negativas las acciones tras bambalinas, así como la actitud de los funcionarios de ambos países, y por otro lado no puede comprender cómo Guatemala es un país seguro para los refugiados e inseguro para los turistas estadounidenses. Es una diferencia muy difícil de explicar, sobre todo en los grupos sociales de donde más personas caen en manos de los inhumanos coyotes. Los funcionarios estadounidenses visitantes deben hacer su mejor esfuerzo para tratar de comprender las razones de las diferencias de criterio.