La posibilidad de generar cambios en un sistema político, económico y social, como los imperantes actualmente en nuestros países, que avanzan de modo tan precario bajo regímenes pseudocapitalistas, incapaces de generar oportunidades de desarrollo y menos aún de beneficiar a todos los sectores de la sociedad, depende en gran medida de la voluntad de los pueblos. Si estos tomaran al toro por los cuernos con el propósito de incidir en las decisiones que les afectan de manera directa, enfrentando a los poderes que lo reprimen, otro sería el escenario.

Sin embargo, es evidente cómo esta falta de músculo político ha sido consecuencia de una estrategia combinada de manipulación ideológica y creación de obstáculos aparentemente legales para tener acceso a información veraz y confiable; pero, sobre todo, de marcos jurídicos diseñados para elevar muros contra una participación efectiva de la población en el quehacer político y en rutas cada vez más estrechas para su propio desarrollo.

La influencia decisiva de los medios de comunicación masiva, los cuales, en su inmensa mayoría, se encuentran en manos de grandes consorcios empresariales estrechamente comprometidos con el poder económico, ha sido uno de los factores determinantes para alejar del debate público y de la participación partidista a sectores tan importantes como la juventud y las mujeres, cuya acción directa tendría el potencial suficiente para cambiar el rumbo de la historia de sus pueblos.

A partir de políticas hábilmente diseñadas para desinformar, manipular y, de paso, satanizar a los movimientos populares, los grandes medios también han instalado —desde tiempos inmemoriales— un acendrado odio entre clases sociales.

A ello se suma el ambiente de desprestigio de la función pública, el cual socava uno de los derechos fundamentales de la sociedad, como es el involucramiento en el desarrollo de sus sistemas democráticos.

En nuestra América han sido muchas las oportunidades perdidas frente a un sistema blindado contra los cambios de fondo, cambios estructurales imprescindibles para abrir caminos de desarrollo en sociedades igualitarias y verdaderamente democráticas.

A pesar de nuevas políticas en naciones con gobiernos progresistas, las raíces del mal se mantienen inamovibles: los sectores más pobres quedan apartados de la ruta del progreso, junto con quienes alimentan a todo el sistema: el sector rural y campesino, en donde confluye la mayoría de las etnias originarias de nuestro continente.

Las razones son muchas y variadas; pero sin lugar a dudas uno de los mayores obstáculos contra el ejercicio pleno de una democracia efectiva, ha sido la excesiva concentración de la riqueza en manos de un círculo cada vez más estrecho y poderoso, cuya capacidad para imponer sus intereses por encima de los de las mayorías viene amparado por una cúpula ubicua de fuertes ramificaciones en el escenario mundial.
Luchar contra ese monstruo ha significado, para nuestro continente, además de golpes de Estado y establecimiento de dictaduras, la pérdida de oportunidades únicas para transformar su destino y asumir los grandes desafíos implícitos en ese movimiento trascendental.

Los pasos decisivos vienen de la mano de un nuevo marco jurídico a partir de conceptos integradores, nuevos textos constitucionales y leyes sólidas que garanticen los derechos para todos, sin excepción.