La regresión autoritaria sigue avanzando. A la persecución judicial contra fiscales, jueces, juezas, activistas, líderes sociales y periodistas independientes —que arreció tras la recaptura del MP por las redes de corrupción e impunidad— se suma la estrategia perversa para descabezar juzgados presididos por operadores de justicia independientes.

El objetivo no es otro que garantizar que los casos fabricados por la Fiscalía —sin pruebas sólidas y armados en pocos días a partir de denuncias espurias— sean validados por las judicaturas que, con rapidez inusitada, giran órdenes de captura y declaran los procesos bajo reserva. Muy recomendable la lectura del reportaje de Julie López en El Faro, “El dudoso caso contra Jose Rubén Zamora se armó en 72 horas”, que lo ilustra a cabalidad.

Ni hablar del uso de la prisión preventiva como herramienta de castigo y venganza contra voces críticas y personas que lideraron la lucha contra la corrupción. El ejemplo más grotesco es la injustificable privación de libertad de la abogada Virginia Laparra, quien cumple hoy 182 días presa, por haber presentado —cumpliendo con su trabajo— dos denuncias administrativas contra el entonces juez Lesther Castellanos. Para el 28/11, fecha en que iniciará el juicio, la exfiscal habrá pasado nueve meses en prisión.

El autoritarismo requiere, además, de un andamiaje “legal” para sustentar y justificar sus abusos de poder. Por eso la bancada oficialista y sus aliados aceleran la maquinaria legislativa para la aprobación de leyes regresivas que atropellan derechos y libertades y que buscan sepultar la libertad de expresión, el periodismo independiente, las manifestaciones ciudadanas, las organizaciones sociales y populares que fiscalizan al poder, y los procesos judiciales contra personas señaladas —y condenadas— por crímenes de lesa humanidad.

Siguiendo el libreto de los regímenes autocráticos —en Guatemala, un pacto corporativo—, el congreso —así, con minúsculas— aprobó el 4/8 la “Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia”, decreto 39-2022, que promueve la censura y podría criminalizar las investigaciones, publicaciones, opiniones y críticas de medios de comunicación y de la ciudadanía. Incluso se corre peligro de que se admitan denuncias contra caricaturistas, como Fo y Filóchofo, y contra personas que publiquen o difundan “memes” por las redes.

Además, varios de sus apartados contradicen el artículo 35 constitucional que garantiza la libre emisión del pensamiento y permiten la confiscación del patrimonio de los medios y el encarcelamiento de sus directivos. En cualquier momento esta ley se enviará al Ejecutivo para que sea sancionada.

Por si fuera poco, el 9/8 los diputados aprobaron en primer debate la iniciativa 6076 que “regula” la fuerza letal indiscriminada en manifestaciones ciudadanas y concede medidas sustitutivas a policías, elementos de la SAAS o del Ejército que resulten involucrados en actos de represión durante las protestas. Aun y cuando la presidenta del congreso se comprometió con las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán a archivar la ley, se sabe que está a punto de enviarla a consulta con la CC incumpliendo con su palabra.

Y para que reine la completa impunidad, está en marcha la iniciativa 6099 que otorga una amnistía general que beneficia a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos como torturas, ejecuciones extrajudiciales, violencia y esclavitud sexual, desapariciones forzadas, masacres y genocidio. De convertirse en ley, se anularían las condenas, investigaciones y procesos judiciales por estos delitos y, con ello, el derecho de acceso a la justicia de víctimas y familiares.
Menos mal seguimos siendo una “sólida” democracia, según pregonan el “Jefe de jefes” y su incondicional Alejandro Giammattei.