El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y su familia; su fin es la realización del bien común y es deber del Estado garantizarnos la vida, la libertad, la seguridad, la paz y el desarrollo integral señala al inicio nuestra Constitución y con respecto a nuestra libertad se señala: toda persona tiene derecho a hace lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.

Resulta necesario traer este texto a la memoria, porque el próximo domingo termina el período constitucional de un gobierno caracterizado por amenazar y violar libertades, consiguiéndose el exilio, la cárcel motivada por un sistema judicial servil, la persecución caprichosa, pero sobre todo un absoluto desprecio a los medios existentes para hacer viva la Constitución.

En Derecho Constitucional existe un principio: mientras más fuerte y sólido sea el control del poder, más amplia y asegurada será la libertad de los habitantes. Si vemos por ejemplo en los países desarrollados, la institucionalidad cuida como un objetivo fundamental el ejercicio de la función pública y por eso sus habitantes gozan de libertad. En nuestro país, por el contrario, el objetivo perseguido por quienes hicieron los dos últimos gobiernos fue conseguir “barnices judiciales” para actos contrarios al derecho.

Si el control del poder es fundamental para la libertad, una administración de justicia independiente es clave para todos dormir tranquilos, y por eso, la fiscalización a la labor judicial es clave, porque una violación al derecho de cualquier persona, se convierte en una amenaza general y además es muy distinto libertad a libertinaje.

Como las mayorías democráticas pueden cometer abusos, la rigidez constitucional asegura el marco de seguridad para nuestras libertades y acá se complementa con 4 leyes constitucionales, dos de ellas, la Ley de Emisión del Pensamiento (muy mala por cierto, pero igual vigente) y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La primera es una garantía a la emisión de nuestro pensamiento y la segunda a la efectividad del sufragio, las dos fueron y son violadas por un sistema judicial servil y prevaricador llegándose a extremos inconcebibles.

El Código Penal gira en función del llamado principio de legalidad y su primer artículo señala “nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas, por ley anterior a su perpetración; ni se impondrán otras penas que no sean previamente establecidas en la ley”, sin embargo, los casos paradigmáticos de Virginia Laparra y Claudia González muestran como esta garantía de libertad es violada, para encarcelar a quien resulte molesto, ambos casos muestran horrores judiciales.

Lo vivido en estos dos últimos gobiernos muestra cómo el sistema judicial se adaptó a satisfacer las pasiones de venganza de quienes tuvieron poder.

La construcción efectiva de un marco de Derecho no es tarea exclusiva de un gobierno o de un sector, sino es compromiso ineludible de todo aquel llamado ciudadano, por eso el próximo gobierno debe tener como objetivo recuperar las libertades perdidas.

Hablar de libertad es fácil, garantizarla es lo difícil y hay oprobio cuando el gobierno persigue periodistas, ex operadores de justicia y personas molestas, a eso jamás debemos regresar, en nuestra historia ya tuvimos demasiado.

Recuperar las garantías de libertad es una tarea con interés para todos, porque no existe libertad sin responsabilidad, pero esta última debe ser en su caso determinada por un sistema cuya naturaleza genere y asegure la paz social. La Democracia y la República es un esfuerzo colectivo, no solo palabras bonitas.