“Por qué voy a enfrentarme con Carabineros sabiendo que no hay una movilización autorizada” fue la declaración que la ministra Karla Rubilar, secretaria general del gobierno de Sebastián Piñera, ofreció a la prensa. La ministra justifica de este modo de manera implícita el actuar del cabo Ofriciano Mauricio Carrillo Castillo, el carabinero que literalmente aplastó al joven Óscar Pérez entre dos vehículos blindados ocasionándole graves heridas internas y cuatro fracturas de pelvis. El video del momento del atropello perpetrado por Carrillo con toda intención, ha circulado por las redes y los medios de comunicación generando indignación y rechazo en el mundo entero contra la estrategia de violencia extrema instaurada por Sebastián Piñera como política de gobierno.

Es importante señalar que el carabinero en cuestión tiene antecedentes de cuasidelito de homicidio de un trabajador y lesiones en otras dos personas mientras se desempeñaba como miembro de la institución policial en la ciudad de Concepción. Su prontuario delictivo reviste especial importancia por el hecho de haberse incorporado nuevamente a un cuerpo encargado de la seguridad ciudadana, el cual supuestamente debería ser integrado por personas intachables. Sin embargo, Carabineros de Chile ha transitado durante años y sin el menor obstáculo hacia convertirse en un auténtico ejército de control ciudadano eximido de toda responsabilidad criminal, desde los escándalos de corrupción de su cúpula hasta la brutalidad con la cual agreden a la población desarmada.

Llama la atención la inercia y el silencio sostenido por las autoridades encargadas de mantener los marcos institucionales —parlamento, sistema de justicia— cuyo papel es resguardar los mecanismos de la democracia y velar por el correcto desempeño de todas las instancias involucradas en la administración del gobierno. Las manifestaciones de protesta de la ciudadanía han sido criminalizadas en una absoluta ruptura del marco constitucional que las ampara y el gobierno chileno ha transformado su debilidad en una guerra sucia, vil y sangrienta contra el pueblo, utilizando para ello a todos los cuerpos represivos que tiene a mano, mintiendo de manera descarada para descalificar y adjudicar a una supuesta intervención extranjera la lucha incansable y valiente de los millones de chilenos que siguen en las calles decididos a hacerse oír.

A estas alturas resulta muy difícil hacer un diagnóstico sobre el desarrollo de los acontecimientos en un Chile que de pronto ha salido del silencio y ha emprendido una lucha franca y decidida contra el modelo neoliberal que le está costando tan caro. De hecho, le cuesta vidas y una profunda frustración por la traición de sus cuadros políticos, históricamente responsables por el colapso social y económico en donde se encuentra actualmente. Lo que fue el modelo latinoamericano —gracias a una bien montada campaña internacional de imagen— ha mostrado todas sus hilachas y hoy sus “bienes de exportación” como las administradoras de fondos de pensiones, AFP, revelan su opacidad y experimentan el rechazo masivo de la población al quedar en evidencia cómo esos empresarios acumulan riqueza mientras los pensionados mueren de hambre, sin acceso a los ahorros de toda su vida laboral.

Las navidades chilenas vienen marcadas por la indignación popular contra los abusos de su gobierno. Niñas, niños y jóvenes experimentan, quizá por primera vez, la urgencia de rebelarse contra un sistema injusto, depredador y violento, por lo tanto su regalo para estas fiestas deberá venir envuelto en una nueva Constitución, con la renuncia de su presidente.