Fundamentos
Las consultas y el ciclo que no se cierra
Se precisa de una reglamentación clara, transparente y efectiva de las consultas.
Dice el refrán que para que haya un buen consejo se necesitan dos condiciones. La primera es quién quiera darlo, y la segunda es que la persona a quien está dirigido el consejo realmente quiera recibirlo. Sucede un tanto igual con el tema de las consultas a nivel nacional. Me refiero a aquellas establecidas por un convenio internacional suscrito por Guatemala, el Convenio 169. Los desafíos que plantea este instrumento son muchos y muy complejos, por lo que se requieren voluntad política, buena disposición de las partes y, sobre todo, entender bien lo que el convenio dispone.
El Convenio 169 es un instrumento que debe estar pensado en función del desarrollo.
Hay una consideración inicial relevante. Este convenio fue aprobado en la Organización Internacional del Trabajo, teniendo en mente aquellas poblaciones indígenas o tribales en minoría que están ubicadas en ciertas áreas específicas de la geografía de un país y a las cuales es necesario tener en cuenta en cuestiones que puedan afectar su cultura y situación social. Ya de entrada, el caso de Guatemala no parece calzar en ese modelo, pues la población indígena está lejos de ser una minoría. Además, la localización de los distintos pueblos indígenas no se circunscribe a un área particular, sino tiene una extensión que alcanza tanto zonas urbanas como rurales y trasciende los límites geográficos departamentales.
Otro aspecto que suele llamar a confusión es la naturaleza de las consultas allí previstas. Está claro que su objeto es recabar la opinión de una comunidad sobre una medida concreta, y para ello es necesario hacerlo a través de las autoridades tradicionales que son reconocidas por la misma comunidad. No hacerlo así puede llevar a que las consultas se conviertan en instrumentos políticos de ocasión o que quienes se expresen por los consultados no sean ni representativos, ni legítimos, ni velen por el interés real de la comunidad, sino por los propios.
Mucho se ha dicho también sobre la forma de las consultas. El convenio no prevé que estas sean eventos electorales de sí o no, como si fuera un plebiscito, sino las define más bien como un proceso en el que se busca compartir información pertinente, conversar con actores legítimos, establecer mecanismos de retroalimentación comunitaria, analizar los impactos y, en su caso, si la decisión debe ser adoptada, definir los medios de mitigación adecuados.
Pero quizá uno de los elementos más importantes es el principio de rectoría del Estado en los asuntos públicos. El Convenio 169 es un instrumento que debe estar pensado en función del desarrollo. Es decir, crea mecanismos de consulta porque se deben tomar decisiones estratégicas que incumben a todos, y en función de ello es preciso contar con los mejores elementos de juicio. Impedir que el Estado tome decisiones o consulte adecuadamente sobre ellas es poner un freno al desarrollo, y quienes realmente se ven perjudicados en el largo plazo son precisamente las comunidades a las que se les veda la posibilidad de alcanzar los beneficios de dicha decisión. Por ello, no querer ser consultado, querer ser consultado únicamente bajo ciertas reglas o negar de entrada el necesario diálogo sobre medidas públicas de interés es precisamente impedir la toma de decisiones, comprometiendo con ello la rectoría del Estado en temas claves.
Se precisa de una reglamentación clara, transparente y efectiva de las consultas, de manera que haya certeza jurídica, pero, sobre todo, que garantice que los beneficios del desarrollo no sean negados con una alzada de mano, sino al contrario, compartidos por medio de un diálogo donde todos ganen.
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