La dinámica de los fondos previsionales nacionales es opaca, el escándalo del Instituto de Previsión Militar en donde un tesorero del Ejército y otros militares de alto rango están ligados a proceso penal es solo un pincelazo en la forma de cómo se “administran” los fondos previsionales.

Para escribir esta nota hice una breve visita a las páginas web del Instituto de Previsión Militar, el Instituto de Previsión Social del Artista Guatemalteco, el Instituto de Previsión Social del Periodista, el Plan de Prestaciones de la Universidad de San Carlos, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Colegio de Ingenieros de Guatemala, en todos ellos encontramos en diversos medios bastantes quejas y denuncias sobre la gestión de su recurso financiero.

El Instituto de Previsión Militar y el Instituto de Previsión Social del Artista Guatemalteco, son entidades autónomas con personalidad jurídica propia, en consecuencia, son cuidadosas en mantener la información pública de oficio para consultas, pero no hay mayores detalles de procesos de transparencia constante en los mismos, se cumple con la ley y listo.

Renglón aparte encontramos en el plan de prestaciones de Usac, en el cual no existe información presupuestaria individualizada, en todo caso, debemos acudir a la información de todo el presupuesto universitario y además se señala en varios medios la existencia de serios aprietos de liquidez.

“No hay peor cuña que la del mismo palo” dice el refrán, las páginas más herméticas en torno a la administración de los respectivos fondos previsionales somos los abogados y los periodistas. El Colegio de Abogados y Notarios le tiene alergia a la transparencia y no existe ni información sobre sus Estados financieros, erogaciones, presupuestos y en el Instituto de Previsión Social de Periodista fui atenido de forma amable al creerme inútil para encontrar los datos por vía electrónica, pero se me ilustró que los datos presupuestarios son “confidenciales” e “internos” y no están ni estarán publicados.

Encontré con agradable sorpresa que por lo menos el Colegio de Ingenieros sí tiene, de forma pública, su proyecto de presupuesto, su presupuesto corriente y el informe de sus auditores, aunque no existe más información sobre los gastos previsionales.

Si el Instituto de Previsión Militar y el Instituto de Previsión Social del Artista Guatemalteco, son eficientes o no, será una cuestión para señalar por sus beneficiarios, la Ley de Acceso a la Información Pública les brinda herramientas para su fiscalización. En la Universidad de San Carlos esperemos que el plan brinde información a detalle, porque si bien, se cumple con integrar esos datos al presupuesto general, resulta complejo encontrar mayores elementos de fiscalización.

El Instituto de Previsión Social del Periodista, el Colegio de Abogados y Notarios y el Colegio de Ingenieros deben tener muy en cuenta que la Ley de Información Pública ordena que son sujetos obligados “las personas individuales o jurídicas o de cualquier naturaleza que reciban, manejen o administren fondos o recursos públicos por cualquier concepto, incluyendo los denominados fondos privativos o similares”. No hay ninguna duda como la omisión dolosa, lo hace ver como entidades violadoras de la ley.

La propia Corte de Constitucionalidad (expediente 1317-2019) resolvió que los fondos del Colegio de Abogados y Notarios constituyen fondos privativos, toda la información pública debe estar disponible y esto aplica a los amigos ingenieros y todas las demás profesiones, no digamos los periodistas quienes, sin obligación legal, deberían dar ejemplo.

Los fondos previsionales no pueden seguir siendo administrados como cajas chicas de manera discrecional porque esto condena la seguridad social de los más débiles y siempre la opacidad es la mejor amiga de la corrupción, sobre todo cuando hablamos de miles de millones de quetzales.