De las crisis deben sacarse lecciones y esta crisis sanitaria debe servir para algo. La primera lección evidente es que debemos transformar de forma estructural el servicio de salud pública porque no obedece a nada, nuestra idea de gobierno y estado no es más que un fiambre conceptual donde hay un poco de todo y esto se refleja en estos momentos. Los resultados en Guatemala se venden fácil y la programación se rechaza. Como con Guatel había que hacer cola para una línea telefónica, poco importa la forma y precio de su venta; como Indeca era ineficiente las acciones estatales en torno a la seguridad alimentaria fueron olvidadas; como las carreteras son un desastre, poco importa exigir mejores términos a la concesionaria del Tramo Palín Escuintla; como los puertos son una madriguera de corrupción Puerto Barrios sigue siendo un atisbo de colonialismo y herencia de Estrada Cabrera para funcionar desde lo público para bolsa privada sin que nadie medio quiera dar un ojazo.

El estado está vendido como ineficiente y la sola idea de la privatización se empaqueta como panacea. Un país que busca ideas “pragmáticas” para zanjar cada problema, construye una estructura de todos colores, formas y materiales. Los gobiernos son de coyuntura y apagafuegos. Señalo lo anterior porque la Unidad Nacional de Oftalmología, sin duda alguna, ha logrado avances de primer orden para los guatemaltecos, siendo un referente en el ámbito latinoamericano sobre todo por su programa de entrenamiento quirúrgico. La idea de crear un centro especializado y que preparara a las nuevas generaciones surgió del respetable y recordado doctor Roberto Quevedo hace más de medio siglo.

En el gobierno de Álvaro Arzú donde el pragmatismo era palabra santa y la programación y legalidad quedaban como exquisitez, se dictó el Acuerdo Gubernativo 590-99 donde se crea la referida Unidad como dependencia del Ministerio de Salud, pero su rectoría depende de un consejo integrado por cinco miembros, dos nombrados por el propio Ministerio y tres por una fundación, en consecuencia, lo público quedó en minoría y de seguro esto ha sido, para efectos del servicio muy efectivo toda vez que estado ajena a los eternos pleitos de corrupción del Ministerio, sin embargo, el problema está en que el propio Acuerdo Gubernativo señala que el Consejo Administra, la Contraloría de Cuentas fiscaliza pero, increíblemente, las relaciones de sus trabajadores se rigen por el Código de Trabajo (como que fuera actividad privada).

En un plumazo, de esos que son dignos de museo, se borró la estabilidad que podría dar el régimen de servicio civil, las normas presupuestarias y ahora en plena crisis del covid-19 nuestras flamantes autoridades ministeriales anuncian que recortan el exiguo presupuesto que aportaban de cinco millones ofrecen tres (el grueso de liquidez proviene de pagos mínimos de la gran cantidad de pacientes) en una decisión difícil se dispuso liquidar alrededor de 25 médicos, 20 personas de administración y más de 30 residentes (estudiantes) quedan a la libre y sigue funcionando con lo mínimo. Debe señalarse que la Universidad de San Carlos quien debería pagar, (y muy bien) a quienes brindan la tutoría a estudiantes les pide apostolados a la mayoría de los docentes.

Vestir un santo para desvestir otro, no es buena práctica, decía mi abuelita. El Congreso le dio el apoyo al Ministerio de Salud para la crisis y esto significa que no debe condenar a miles de pacientes oftalmológicos a no tener lugar donde acudir, además esta misma realidad la enfrentan unidades cardíacas y renales. El sistema de salud pública y el régimen de seguridad social deben transformarse ciento ochenta grados si queremos heredar, aunque sea un poquito, un mejor país a nuestros hijos y esta crisis debe servir para reinventarnos, pero para empezar el Ministerio no puede actuar con esta impertinencia.