La tremenda corte
La Corte de Constitucionalidad está al servicio del poder paralelo de la cleptocracia.
Hace tres décadas, la Corte de Constitucionalidad (CC) gozaba de un prestigio indiscutible, entre otras razones, por sus fallos colegiados y por haber salvado la institucionalidad del país. Todavía se recuerda la gesta de 1993 cuando los magistrados, encabezados por su presidente, Epaminondas González Dubón, emitieron una resolución en la que consideraron como ilegítimas e inconstitucionales las disposiciones de Serrano Elías y mandaron por un tubo su autogolpe de apenas una semana de duración. Desde entonces ha pasado mucha agua bajo el puente. De esa honorabilidad ya no queda nada. Si hay un término que identifique ahora a este organismo es la deshonra. Los compromisos de los actuales magistrados de la CC son con la cleptocracia que se niega a ser desplazada del poder. Basta decir que cuatro de sus magistrados han sido sancionados por el Departamento de Estado, de Estados Unidos, a los que calificó como corruptos y antidemocráticos.
Qué clavo que desde EE. UU. se tilde como corrupta a una magistrada. Ella es ni más ni menos que Claudia Paniagua, quien ingresó a la Lista Engels a finales de diciembre pasado porque, según el Departamento de Estado, incurrió en “una importante corrupción al aceptar sobornos a cambio de fallos favorables de la Corte Constitucional”. Imagínense, estimados lectores, que se le tache de haber llegado a esa alta corte tan solo para recibir pisto a cambio de emitir resoluciones espurias. Junto a ella también fue incluido en la Lista Engels Jorge Mondal Chew por haber sobornado a magistrados de la CC para obtener un fallo favorable para continuar como presidente del Banco de los Trabajadores, sin contar con los requisitos para ello. ¿Quiénes resolvieron a favor de Mondal Chew? Los flamantes magistrados Paniagua, Walter Jiménez Texaj y Luis Alfonso Rosales. El mensaje de Washington es muy claro, por algo desde septiembre pasado se sabe que Jiménez Texaj y Rosales habían perdido la visa para entrar a territorio estadounidense.
En lugar de la defensa del orden constitucional, la CC responde a los intereses de los sectores políticos más oscuros.
Pero si es un hecho grave que estos tres magistrados estén salpicados por las denuncias de sobornos, lo es mucho más que el presidente de la CC esté en el listado de actores corruptos y antidemocráticos. Desde el 1 de julio de 2021, Nester Vásquez fue incorporado a la Lista Engels porque EE. UU. dice que “ha socavado procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular el nombramiento de jueces para ocupar posiciones en un tribunal superior”. El año pasado, en la elección de magistrados para las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones, Vásquez fue señalado de manipular las comisiones de postulación para incidir en los resultados. En efecto, el grupo de este magistrado logró ubicar a varios magistrados en puestos clave, lo cual le permite incidir en resoluciones que configuran la continuación de la dictadura judicial afín a la cleptocracia.
Pues bien, esta es la corte celestial que, en lugar de defender el orden constitucional, hace y deshace con tintes políticos en Guatemala. Es la alta corte que mantiene a raya al gobierno de Bernardo Arévalo y al partido Semilla, ha permitido que un juez penal pase sobre el Tribunal Supremo Electoral, que tiene rango constitucional, y es la fiel protectora de Consuelo Porras, a quien le consiente sus atrocidades. De hecho, Porras fue reelegida como fiscal general por obra y gracia de estos magistrados, que seguían los dictados de Alejandro Giammattei. En dos platos, la CC se ha arrogado la potestad de emitir fallos a diestra y siniestra que favorecen la continuación de ese poder paralelo que trata de mantener el reino de la impunidad y la corrupción. Por eso, quizá, al resto de magistrados les importa un comino que cuatro de sus colegas estén señalados por la deshonra desde Washington porque, al fin y al cabo, comparten sus oscuros intereses.
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