Con otra mirada
La tierna edad de 80 años
La Reforma Liberal de 1871 que terminó de despojar a los Pueblos Indígenas de sus tierras comunales
Mañana, domingo 20Oct2024, se cumplirán 80 años de la gesta revolucionaria más importante de nuestra historia.
Gobierno atado de pies y manos con un nudo gordiano que, como tal, debe ser tajado.
En el siglo XVI, cuando Guatemala aún no era país, tuvo lugar la invasión española que a lo largo de los siguientes 297 años produjo, con sus luces y sombras, lo que somos hoy. Dentro de las sombras coloniales está la encomienda, de la que se deriva, grosso modo, la finca que tras la “independencia” pasó a la República. Se trata de un territorio que además de los accidentes geográficos, flora y fauna, incluyó a la población ahí asentada como mano de obra, pues el hacendado no estaba dispuesto a trabajar. Esa figura se mantuvo y potenció con la Reforma Liberal de 1871 que terminó de despojar a los pueblos indígenas de sus tierras comunales en beneficio de parientes, amigos y extranjeros invitados a sumarse al desarrollo liberal.
Ese nuevo estado feudal se mantuvo a lo largo de tiranías y dictaduras, por lo que el siglo XX no entró a Guatemala sino hasta la ruptura protagonizada por un pueblo harto de ser esclavo sin cadenas, integrado por estudiantes, maestros, obreros, empresarios y militares cuya presión causó la renuncia del dictador Jorge Ubico. En su lugar quedó Federico Ponce Vaides, quien quiso seguir los pasos de su mentor. El actuar del mayor Francisco Javier Arana, el capitán Jacobo Árbenz Guzmán y el ciudadano Jorge Toriello Garrido, entre la medianoche del 19 y el mediodía del 20 de octubre de 1944, provocó la renuncia de Ponce. Aquellos tres integraron la Junta Revolucionaria de Gobierno que cambiaría la manera de gobernar. Crearon una nueva Constitución y convocaron a elecciones libres; el resultado fue la elección del doctor Juan José Arévalo Bermejo, cuyo gobierno abrió las puertas de un nuevo amanecer político, educativo, cultural y de desarrollo.
El segundo gobierno de la revolución quedó en manos de Jacobo Árbenz, quien, en seguimiento al desarrollo capitalista introducido por su antecesor, generó mayor progreso y combatió las desigualdades heredadas del feudalismo liberal de 1871 con cuatro proyectos: carretera al Atlántico, puerto Santo Tomás, Hidroeléctrica Nacional Jurún Marinalá y Ley de Reforma Agraria, que dio a la población acceso a tierras de cultivo, operación que tocó los sacrosantos intereses de la United Fruit Company, en manos de altos funcionarios de Estado de los Estados Unidos de América y, desde luego, de los terratenientes locales que se sumaron a los falsos señalamientos publicitarios de “comunista” al presidente Árbenz, por lo que la CIA gestó y llevó a cabo el golpe de Estado que lo derrocó.
Con ese nuevo cambio, las cosas volvieron a su lugar, es decir, al señalado feudalismo. La élite retomó el control del uso de la tierra; control que fue ampliado a otras instancias con empresarios, inversionistas y un amplio espectro de especuladores que involucró a políticos, pues era necesario consolidar el sistema y hacerlo invulnerable a futuros intentos por hacer cambios en función del interés de otros, ajenos a los suyos.
Sin embargo, en 2006 hubo un nuevo intento, esta vez apoyado por la Organización de Naciones Unidas, mediante la figura de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), que hizo evidente la corrupción de aquel poderoso sector. Positivo intento que fue abortado en 2019 por la basta y férrea estructura montada, consolidada y reforzada a lo largo de esos tiernos 80 años, que mantiene al actual gobierno atado de pies y manos con un nudo gordiano que, como tal, debe ser tajado.
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