En febrero del 2020, apenas un mes después de haber asumido la presidencia, Giammattei sancionó el decreto legislativo 4-2020, relacionado con las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales. Luego de aprobarlo y ante las recomendaciones de algunos congresistas estadounidenses para que vetara la ley, respondió entonces: “Si a mí me temblaran las piernas por lo que dicen afuera, ¿entonces qué tipo de presidente tendría Guatemala?” Así marcaba la cancha de su juego político en estos temas.

Sin embargo, gracias a la presión dentro y fuera del país, pero sobre todo a un par de amparos interpuestos ante la CC, se logró el veto para esa ley. Y es que, lejos de la supuesta intención de transparentar los recursos que manejan las ONG, esta ley trataba de criminalizar a defensores de derechos humanos y cerrar los espacios democráticos para la participación de la sociedad civil organizada. Uno de los artículos reformados decía: “Si una ONG utiliza donaciones o financiamiento externo para alterar el orden público, será inmediatamente cancelada” (…) “sus directivos responsables serán imputados conforme a la legislación penal y civil vigente”. Esto, sin duda, iba dirigido a limitar la libertad de asociación, reunión y expresión. Era una ley de corte dictatorial, casi un calco de la que el gobierno nicaragüense había impuesto poco tiempo antes a las ONG de su propio país.

A propósito, hace poco escuché a una funcionaria pública decirle a un colega, mientras este ejercía una sana crítica a la instancia estatal para la cual él trabaja y respaldaba la posición de alguien de la sociedad civil: “¿Y usted, a qué bando le juega? Nosotros somos funcionarios de Estado; aquí nada de defender sociedad civil, porque usted no trabaja para ellos”. La palabra “bando” había sido usada para reforzar la histórica polarización, y la defensa oficiosa del Estado partía de esa lógica binaria. Además, ella parecía haber olvidado que nuestros impuestos pagan sus salarios y que cada funcionario público se debe a las y los guatemaltecos, no a un ente abstracto llamado Estado. Presenciar esto me devolvió a la fascinación del poder que sienten tantos cuando trabajan para el Estado y cómo, desde allí, dejan de sentirse como los simples mortales que son.

El 20 de abril del 2021 se produce, sin embargo, un parteaguas: mientras los casos de covid aumentaban en Guatemala y Giammattei dejaba decretado un nuevo estado de Excepción para asistir tranquilo a la Cumbre de Presidentes en el paraíso fiscal de Andorra, el vicepresidente y presidente en funciones, Guillermo Castillo, se reunió con varias personas de distintos sectores de la sociedad civil organizada. Esto no sucedía hace mucho tiempo. Y es que, entre más secuestrado un Estado por un gobierno, menos democracia participativa; entre menos estado de Derecho, más distancia entre la sociedad civil y los gobernantes; entre más autoritario y corrupto un régimen, menos quiere ser interpelado o puesto en evidencia. Pero entre Giammattei y Castillo hay una clara distancia.

La conversación entre este último y los representantes de una sociedad civil amplia, articulada y diversa duró más de dos horas, en las cuales se habló del retroceso en materia de derechos humanos que se vive en el país, de la pobre respuesta gubernamental ante la pandemia, así como de los continuos ataques al estado de Derecho. A ella asistieron también el PDH y el representante de la Oacnudh.

No romantizo a toda la sociedad civil ni satanizo a todo el Gobierno, porque la textura humana es una y se estira hasta donde un sistema corrupto lo permite. Pero sabemos de qué hablamos. Hablamos de defender la independencia de poderes, de generar políticas sociales para el siglo XXI, de reformar el sistema político, de contar con una CC que no trabaje para el pacto de corruptos, de recuperar la institucionalidad de la paz y de evitar la criminalización de la protesta social, entre mucho más. Hablamos de democracia y estado de Derecho.