No cabe duda, el presidente Alejandro Giammattei es un caradura. En una entrevista difundida la semana pasada, el periodista John Quiñones, de ABC News, le preguntó al mandatario sobre cómo podría estar seguro Estados Unidos de que cualquier ayuda financiera otorgada a Guatemala será bien utilizada, si su gobierno ha sido calificado como uno de los más corruptos del mundo. Muy fresco, el mandatario aseguró que en 14 meses de su administración no ha tenido “ni una sola denuncia de corrupción que se haya presentado en mi contra o contra de alguno de mis ministros, ni una sola”. Vaya que es fácil hablar y tratar de ocultar la realidad de un país que está empantanado por la corrupción y la impunidad, las cuales atraviesan todas las estructuras del Estado. Obviamente el periodista estadounidense no tenía suficiente información para hacer frente a tamaña mentira, pero el mandatario no nos engaña a los guatemaltecos.

Durante la actual gestión se han denunciado múltiples casos de corrupción que involucran a funcionarios. Sin embargo, se desconoce si ha habido alguna investigación de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Esa instancia está maniatada y silenciada. Sus pesquisas, si es que las hay, estarían hechas a la medida de los intereses de Giammattei. Vamos a refrescarle la memoria al presidente, quizá así se recuerde del negociazo de las galletas del Ministerio de Desarrollo Social, que resultaron ser una graciosa obra de su titular, Raúl Romero. Todo el proceso estuvo amañado para que lo ganara la empresa que ofertó más caro y que se iba a quedar con los Q11.1 millones disponibles para la galleta nutricional. El Ministerio de Educación, encargado de la alimentación escolar, informó que ni siquiera había pedido o cuando menos sugerido esa compra. La estafa era tan burda que tuvieron que dar marcha atrás. ¿Y el ministro? Sigue tranquilo en su puesto.

¿Tampoco cuenta la falsificación de pruebas para detectar el covid-19? La ministra de Salud, Amelia Flores, denunció la adquisición de 30 mil pruebas por un total de Q7.3 millones que solo contenían agua. Ese fue un hecho criminal que atentaba contra la vida de miles de guatemaltecos que hubieran quedado expuestos a ese fraude. Aunque la Comisión Presidencial contra la Corrupción aparentemente comenzó a investigar, el mandatario redujo el impacto al decir que “no es exactamente lo que dice Salud”. Después de eso, la comisión ya no dijo ni pío. La actitud del mandatario tendría que analizarse a partir de que uno de los involucrados, el exgerente financiero de Salud y actual viceministro de Deportes, Ronaldo Estrada Rivera, fue financista de la campaña presidencial y protegido de su amigo Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno. Como mínimo, Estrada Rivera hubiera sido separado del cargo para someterse a la investigación del Ministerio Público, pero sigue al frente de su despacho.

El propio Giammattei es un ejemplo de cómo hacer negocios con los recursos del Estado, que provienen de nuestros impuestos. El presidente ha logrado cohesionar la alianza oficialista en el Congreso con un grupo de partidos corruptos. A partir de esa entente consiguió retener la presidencia del Legislativo, pese a que el oficialista partido Vamos tiene una raquítica bancada de 17 diputados. De esa manera, el pacto de corruptos ha consolidado el control de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General y el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es la moneda de cambio? Los negocios de Giammattei se pagan con el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, por medio del cual los diputados de la alianza oficialista tienen cuotas de obras, ya sea en Covial, Caminos o el Fondo para la Vivienda. Si eso no es corrupción, habría que inventar un nuevo término para los negocios oscuros que hace el presidente.