Punto de encuentro
La prensa como enemiga
Seguimos cada vez más convencidos de que el silencio no es opción.
La emergencia que vivimos las y los periodistas centroamericanos no se detiene. Desde la apertura democrática no habíamos vuelto a sufrir ataques tan severos en contra de las libertades de prensa y de expresión como los que ahora afrontamos.
El caso de Nicaragua es el extremo. Más de doscientos colegas exiliados —algunos incluso privados de su nacionalidad— y decenas previamente encarcelados. Medios de comunicación proscritos y una agresiva campaña de desprestigio desde las esferas del régimen Ortega-Murillo para sepultar su credibilidad y hacerlos aparecer como delincuentes. El embargo y confiscación de sus bienes ha llevado a que sea el único país del Istmo en el que no existe un periódico impreso.
En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele se ha convertido en enemigo de la prensa independiente, a la que antes de llegar al poder elogiaba. El estado de excepción vigente desde marzo 2022 se ha utilizado también para intimidar a comunicadores, especialmente comunitarios. Un caso emblemático es el del padre de la colega Carolina Amaya, periodista especializada en temas ambientales, quien fue detenido y pasó más de un año preso en paradero desconocido. En contra del periódico digital El Faro, el gobierno desató una cacería: 22 de sus empleados fueron intervenidos con Pegasus, el software de espionaje de la empresa israelí NSO Group que solo pueden comprar los Estados, y a través del Ministerio de Hacienda se les han fabricado cuatro casos de evasión de impuestos.
En Honduras, el país de Centroamérica más letal para ejercer el periodismo, persisten las amenazas y ataques en contra de colegas que publican sobre temas relacionados con corrupción y narcotráfico. El programa de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas fue debilitado y la retórica antiprensa se elevó a partir de que el cuñado de la presidenta Xiomara Castro apareció en un video en el que negociaba con un grupo de narcos aportes financieros para la campaña. Un día antes, Castro denunció el tratado de extradición con Estados Unidos, con lo que evita que cualquiera (incluyendo personas de su núcleo familiar) puedan correr la suerte del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), condenado bajo cargos de narcotráfico en ese país.
Son tiempos difíciles para ejercer el periodismo en Centroamérica.
La fabricación de casos penales y la manipulación indebida de leyes como la de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer ha sido la vía para perseguir, intentar silenciar y encarcelar a periodistas en Guatemala. Un Ministerio Público (MP) al servicio del Pacto de Corruptos mantiene a 24 colegas en el exilio y al expresidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, en arresto domiciliario después de 813 días de detención arbitraria, a la que podría volver si una sala acepta la apelación de la Fiscalía.
Hasta en Costa Rica, reconocida por su sólida institucionalidad, hay colegas enfrentando demandas millonarias por publicaciones realizadas y reportes de amenazas a comunicadores. El presidente Rodrigo Chaves no escatima oportunidad para atacar a la prensa crítica o burlarse de reporteros.
En este contexto, resultan muy preocupantes dos hechos sucedidos la semana pasada. En Guatemala: la jueza Avelina Cruz —mostrando una animosidad inusitada— instó al MP a través de un memorial a “pronunciarse respecto de la acción a tomar” en la investigación que se sigue en contra del periodista Juan Luis Font (La Hora, 29/10/24). En El Salvador: luego de la publicación del reportaje Policías salvadoreños en red que asesinó a cientos de personas, se desató el acoso y hostigamiento policial en contra de Ricardo Vaquerano, editor de la investigación, y su familia.
Son tiempos difíciles para ejercer este oficio en Centroamérica. Pero seguimos cada vez más convencidos de que el silencio no es opción. Mi solidaridad con Juan Luis y Ricardo.
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