La condena a 30 años de prisión contra una mujer salvadoreña por un aborto involuntario, revela de modo explícito el profundo desprecio de un Estado —bajo régimen dictatorial— por los derechos de una parte mayoritaria de su población. El solo hecho de marcar una administración con el sello del autoritarismo extremo, persiguiendo a los jóvenes y castigando a las mujeres, constituye una peligrosa señal para otras naciones latinoamericanas que siguen esa tendencia.

En nuestro continente, el tema del aborto ha ido imponiéndose en las agendas como un modo de rescatar los derechos de las mujeres, tradicionalmente sometidos a la imposición machista e intolerante de las instituciones eclesiásticas y legislativas. Pero, sobre todo, como un intento de colocar el tema en la agenda de salud pública que le corresponde, en países en donde supuestamente existe separación entre iglesia y Estado. Sin embargo, el poder inquisitorial de estos sectores ha permeado en otras instancias y va dejando su huella en un debate ciego, según el cual ninguna mujer es dueña de su vida ni de su cuerpo.

Ya lo afirmó hace tiempo el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, quien aseveró en un documento oficial que: “Es una aberración y una ignorancia culpable, afirmar que la mujer es dueña de su cuerpo y que se puede deshacer del feto que lleva en su seno. Este no es responsable de los deslices de la madre”. Con ello, el obispo Arizmendi automáticamente asume varios conceptos, dándoles el carácter de válidos e irrebatibles. El primero, es que la mujer no es dueña de su cuerpo. De ese modo, el religioso legitima toda política de sometimiento de la mujer como sujeto de la sociedad a un papel subordinado, negándole por principio su derecho al libre albedrío y al goce de todos los derechos inherentes al ser humano sin distinción de sexo, raza ni condición social. Y luego, que el embarazo es producto de un “desliz”.

El debate sobre la despenalización del aborto, por tanto, polariza a las sociedades por el poder emanado de los púlpitos, estableciendo un vínculo estrecho entre las doctrinas religiosas y las leyes que rigen a las sociedades desde sus textos constitucionales. De este modo, se pretende establecer de manera tajante la condición subordinada de la mujer como ente reproductor, sin mayores derechos sobre su propia existencia como ser humano.

Uno de los pretextos para condenar el aborto es calificarlo como una “solución fácil”, para eliminar los resultados de una vida de excesos, o como un método de control de la natalidad, pasando un conveniente borrador por las escandalosas cifras de pedofilia, violaciones sexuales de niñas, adolescentes y mujeres, víctimas de trata y de otras formas de violencia. Tampoco parece tener un espacio, en las reflexiones de los sectores más conservadores, la escandalosa cifra de abortos inseguros en Latinoamérica, que según la OMS alcanzan a 3 millones 700 mil cada año.

La negación del derecho de la mujer sobre su cuerpo es un tema antiguo y de enorme impacto social. Unos de sus más reveladores capítulos fueron los ensayos sobre reproducción obligatoria con el propósito de “perfeccionar” la raza, perpetrados contra víctimas inocentes durante el régimen nazi en Alemania. Pero no son los únicos. La postura radical y absoluta contra la práctica del aborto —sin distinción de causales— en algunos de nuestros Estados, no se aleja mucho de esa imposición, también ella dictada bajo el amparo de la ley.