Una de las grandes tragedias humanitarias contra la niñez y la juventud se perpetra ante los ojos del mundo, sin provocar el menor movimiento de reparación ni la búsqueda urgente de soluciones. Para esta enorme cantidad de niñas, niños y adolescentes que huyen de sus países de origen buscando refugio lejos de su hogar, no hay resguardo. Con independencia de lo que motiva este éxodo, ha quedado claro ante la comunidad internacional cómo las autoridades estadounidenses desenfocaron su mirada y, bajo las políticas racistas y xenófobas del expresidente Donald Trump, convirtieron las instalaciones fronterizas en un campo de concentración al estilo de las prisiones de Guantánamo.

Niñas, niños y adolescentes de todas las edades han sido recluidos en estas inmensas bodegas, separados de sus padres y sin atención psicológica, como una forma de desincentivar la inmigración, enviando ese duro mensaje a quienes pretenden buscar su supervivencia en el país del norte. La nueva administración se enfrenta ahora a la tarea monumental de deshacer los nudos legales antiinmigración instalados por el gobierno de Donald Trump, cuyas decisiones han ocasionado un daño irreparable en miles de familias centroamericanas que solo buscan un refugio contra la criminalidad desatada en sus países, perpetrada principalmente por las autoridades de turno.

Mientras la niñez es sacrificada en aras de la corrupción y la desidia de quienes gobiernan sus países de origen –especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador—, estos líderes políticos han cerrado los ojos ante la inconcebible violación de los derechos humanos de su población más joven y la abandonan a su suerte, concentrados en acumular riqueza personal y utilizar los fondos públicos para la consolidación de sus redes de influencia. En esta tarea no están solos: cuentan con el irrestricto apoyo de las poderosas organizaciones empresariales y el respaldo de militares, congresistas, jueces y magistrados, cuya influencia en asuntos de Estado ha corrompido hasta la médula a los entes políticos y judiciales.

Antes de señalar con tanta dureza a las familias desde las cuales desertan estos miles de niñas, niños y adolescentes, es importante arrojar una mirada a la situación en la cual viven estas poblaciones. Privadas de atención estatal, de servicios básicos, de seguridad sanitaria y de fuentes de trabajo debido al derroche ofensivo y descarado de quienes tienen la responsabilidad y la decisión sobre las políticas públicas en educación, salud y alimentación, se encuentran acorraladas en un círculo vicioso de violencia del cual es imposible escapar. A ello se debe sumar la desnutrición crónica infantil, cuyo efecto sobre más de la mitad de la niñez la condena a una muerte lenta; y también la amenaza constante de las redes de tráfico de personas y de drogas, cuyas impunes operaciones cuentan con la protección de los gobiernos.

Para las sociedades de estos países, la situación de la niñez errante no es prioridad. Concentrada en asuntos que le tocan mucho más de cerca, como la propia supervivencia, tiene una mirada selectiva cuando de niñas, niños y adolescentes de sectores pobres se trata. Esta indiferencia es también un factor decisivo en el destino de este gran conglomerado, dado que sus problemas y carencias no afectan de manera contundente la sensibilidad colectiva, y la sociedad prefiere enfocarse en temas que le atañen de manera directa. Esta es una de las razones del abandono: la falta de incidencia en los asuntos del Estado y la escasa voluntad de luchar por recuperar la integridad de sus instituciones. En este escenario, la niñez tiene todas las de perder.