El Congreso aprobó el pasado miércoles el decreto 12-2020, Ley para afrontar los efectos causados por el coronavirus, lo cual es positivo para hacer frente a la crisis. Esta pandemia no solo dejará secuelas en materia de salud, sino que se vislumbra una fuerte caída de la economía. Las más afectadas serán las personas que viven al día con lo que venden o los servicios que prestan, así como las pequeñas empresas que han visto de la noche a la mañana cómo sus ingresos ya no existen. Para paliar la situación, se ampliará el presupuesto de la Nación por un monto de Q3 mil 667.5 millones que se utilizarán para programas de apoyo a personas en vulnerabilidad. Se plantea un fondo para créditos a la micro, pequeña y mediana empresa (mipymes), así como una política que buscará combatir la especulación de precios de los productos básicos. Hasta ahí todo se ve bien, el problema es cuando se observa cómo los diputados aprovechan la oportunidad para hacer piñata los fondos.

En lo referente al apoyo a las mipymes se destinarán Q400 millones, pero se deja muy claro que también serán beneficiarias de los créditos las personas políticamente expuestas, sin restricción alguna. Este tipo de personas son las que desempeñan cargos de relevancia en Guatemala o en el exterior, así como dirigentes de partidos políticos. En ese renglón están el presidente y el vicepresidente de la República, los ministros, alcaldes, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, la Fiscal General y los jefes de fiscalías, así como el Contralor General, el Procurador General de la Nación, el Superintendente de Administración Tributaria y unos 500 funcionarios más, entre los cuales, por supuesto, están los diputados. De esta manera los legisladores anteponen sus intereses y de los funcionarios a los de la mayoría de la población y serán los principales ganadores de este decreto.

A los diputados no parece importarles la situación de los guatemaltecos que no tendrán dinero para pagar los servicios básicos como agua, luz, teléfono o internet. Desecharon dos iniciativas que iban dirigidas a apoyar a las personas que no podrán cumplir ese tipo de compromisos. Se percibe que no quieren afectar los intereses de las dos empresas de telefonía e internet, de quienes defienden sus intereses. Sin embargo, cuando de dinero se trata, los diputados se ponen en la primera línea y se asumen como vulnerables cuando ellos tienen asegurados sus ingresos mes a mes. Además, entregarán el dinero a los bancos del sistema y no a entidades de microfinanzas, que son las que efectivamente conocen la problemática de las mipymes, como bien señala el economista Édgar Balsells, ex ministro de Finanzas. Otro punto crítico es que las personas políticamente expuestas pueden ser proclives al enriquecimiento ilícito o a negocios ilícitos, pero cuando se incluye en la ley que no tendrán ninguna restricción a los créditos, se podría abrir la válvula a cualquier tipo de negocito.

El decreto 12-2020 también significa la continuación del saqueo de los recursos del Estado a favor de los sindicatos espurios. En las áreas de salud y educación, por ejemplo, se hace énfasis en que buena parte de los fondos, aproximadamente el 40 por ciento, se destinará para el cumplimiento de los pactos colectivos. Entonces, vemos cómo con el pretexto de impulsar un plan para paliar la crisis generada por el covid-19 se entronizan las viejas prácticas corruptas para hacer piñata los fondos del Estado. Nada parece haber cambiado entre la anterior legislatura y la actual, porque se privilegia a los grupos de poder, mientras los sectores más vulnerables seguirán desprotegidos.