Los embarazos en niñas y adolescentes —de entre 9 y 18 años— cuyas cifras alarmantes se mantienen al alza en todos nuestros países, constituyen una de las más graves patologías sociales y la segunda causa de muerte en ese grupo etario. Dada la visión estrecha y patriarcal de quienes establecen la pertinencia de las políticas públicas, así como de sociedades cuyos marcos valóricos manifiestan una fuerte influencia de doctrinas religiosas, este sector de la población es uno de los más desatendidos y, por lo tanto, carente de palancas políticas para hacer valer sus derechos. Una de las principales causas de la vulnerabilidad en la cual se desarrolla la infancia es la preeminencia de la absoluta autoridad de los adultos en su entorno y, consecuentemente, la total indefensión de la niñez.

La inmensa mayoría de mujeres adultas —si no la totalidad—, aun cuando muchas intenten negarlo, hemos sufrido el impacto de un sistema cuyas normas marginan a niñas y mujeres como si fuera una ley de la naturaleza.
Los acosos y agresiones sexuales, tanto dentro del hogar como en el vecindario, en las calles o en la escuela, han sido una constante de abrumadora incidencia al punto de transformarse en una especie de maldición inevitable para esta mitad de la población. De tales agresiones, una de las más graves consecuencias son los embarazos en una etapa precoz del desarrollo.

Las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad de este importante segmento, sin embargo, han sido incapaces de protegerlas; ya sea por falta de políticas públicas o, simplemente, nulo interés por la integridad de un sector caracterizado por su escaso poder de incidencia política. Cautivas en un sistema que las castiga por su condición de niñas, las condena a embarazos, partos y maternidades para los cuales no están preparadas física ni psicológicamente, con riesgo de muerte y el desafío de afrontar una marginación familiar y social cuyo impacto les causará aislamiento, pobreza, pérdida de autoestima, patologías físicas y emocionales irreversibles y un sinnúmero de amenazas contra su normal desarrollo de vida.

A pesar del trabajo de algunas organizaciones preocupadas por hacer de este sensible tema un motivo de acción, resulta evidente la ausencia de mecanismos de protección para evitar los abusos y las consecuencias devastadoras de tales agresiones.

Las sociedades aún son incapaces de captar las dimensiones de su responsabilidad en un problema de tal trascendencia y se hacen a un lado cuando se plantea la urgente necesidad de establecer parámetros legales —como el derecho al aborto y a la oportuna educación sexual y reproductiva— frente a esta terrible pandemia de embarazos tempranos, todos ellos resultado de violaciones.

Una niña no es un juguete sexual ni un objeto a disposición de los hombres de su entorno, pero miles de ellas terminan por perder su inocencia de golpe en una de las formas más crueles imaginables, y sus victimarios —la mayoría de veces personas “de confianza”, como padres, hermanos, tíos, pastores y sacerdotes, maestros y vecinos— las transforman en sus esclavas sexuales bajo amenaza, sin la mínima posibilidad de defenderse. Es de preguntarse: ¿En dónde están las instancias supuestas a protegerlas? ¿en dónde la justicia, los sistemas de educación y salud? ¿en dónde sus familias?

El drama persiste y las cifras aumentan a diario; las niñas desaparecen en redes de trata o sus cadáveres son desechados como basura en cualquier barranco, sin que a la sociedad eso le sea motivo suficiente para reaccionar.