A contraluz
La huella de los negocios turbios
La paralización de las obras de dos pasos a desnivel muestra cómo operan las redes que saquean los recursos públicos.
El gobierno de Alejandro Giammattei fue muy obsequioso con las empresas vinculadas a sus aliados y amigos. Los recursos del Estado servían para aceitar la alianza oficialista en el Congreso y cualquier solicitud era muy bien atendida. Obviamente, ese mandatario tenía a los diputados comiendo de su mano y contaba con sus votos. Prueba de esa política veleidosa fue la entrega de Q66 millones para dos pasos a desnivel, uno en la avenida Petapa y otro en la Roosevelt, cuyos trabajos estaban a cargo de la empresa CEBCO, que tendría vínculos con el exdiputado José Armando Ubico, del partido Todos y ahora detenido en EE. UU. por narcotráfico. Pese al adelanto de fondos, las estructuras están ahí, paralizadas, y sirven de símbolo grotesco de lo que hace la corrupción desmedida. Ahora la empresa muy tranquilamente se declara en quiebra y para continuar las labores pide otro adelantito, que igual si se lo dieran dentro de poco volvería a decir que se quedó sin plata y necesita otro adelantito. Así es como trabajan las redes mafiosas para saquear los recursos del Estado.
Las estructuras de corrupción extienden sus tentáculos en el Ministerio Público y la justicia.
Si usted, estimado lector, se da una vuelta por varios departamentos del país se dará cuenta que esa situación se repite en el abandono a medio construir de escuelas, hospitales y carreteras, entre otras obras infraestructurales. En otros casos, cuando las obras milagrosamente son terminadas no duran mucho tiempo porque han sido construidas con materiales de baja calidad. El deterioro del Aeropuerto Internacional La Aurora es un ejemplo palpable de cómo funcionan las redes criminales de saqueo de recursos públicos. Por eso es muy clara la relación que existe entre la corrupción y la pobreza. En la medida en que las estructuras políticas, en connivencia con sectores empresariales venales, hacen mal uso del erario aumentan los nuevos ricos y se acrecienta el déficit de servicios públicos. De esa manera se descuida el bienestar de la población y aumenta la exclusión social, porque el Estado no atiende sus necesidades básicas.
El problema se incrementa porque esas redes paralelas extienden sus tentáculos en el Ministerio Público y el Organismo Judicial. Eso es lo que se percibe cuando, en lugar de pagar por sus delitos, los responsables de acciones criminales quedan en libertad. Un caso ilustrativo es el del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, a quien la jueza Abelina Cruz le retiró cargos, pese a las pruebas que existen en su contra. Para muestra un botón: el abogado Juan Arturo Legerlenher declaró, luego de acogerse a la ley de aceptación de cargos, que ayudó a Sinibaldi a crear sociedades para limpiar fondos ilícitos y reconoció que presentó testigos falsos para encubrir al exministro. Eso por supuesto no le interesa a la referida jueza, quien también es conocida por favorecer a otros impresentables, como José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, quien apenas tendrá que purgar 6 años de cárcel por sus maletas que contenían Q122 millones.
La cartera de Comunicaciones ha estado en muchas ocasiones en el foco de atención porque se presta a los negocios turbios de todo tipo y, sobre todo, al pago de favores políticos, como fue el caso durante la administración de Giammattei. Las obras abandonadas y la supuesta quiebra de la empresa CEBCO forman parte de ese hilo conductor que, a lo largo del tiempo, incluye a ministros corruptos, como Sinibaldi y Benito. Basta ver la infraestructura hecha pedazos que luce el país en todas las áreas para entender hasta dónde la corrupción es un cáncer que multiplica el subdesarrollo y la pobreza. Por eso es ineludible que la ministra Jazmín de la Vega haga un recuento de todas las obras que han quedado inconclusas o mal realizadas y presente las denuncias respectivas para sentar precedentes.
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