El caso Corrupción Semilla que promueve el fiscal Curruchiche, lejos de ser un hecho aislado, representa otro frente en un conflicto de intereses y territorios en el que participan diferentes milicias que se cambian de bando a conveniencia. No es un conflicto nuevo, sino una batalla más en una guerra de baja intensidad en la que ninguno de los operadores tiene la fuerza para ganar de manera contundente y decisiva, pero tiene capacidad de causar daño suficiente para promover negociaciones que le permitan retener territorios y beneficios.

El péndulo se mece entre si la persecución judicial emprendida por el MP en contra de Semilla es el uso ilegítimo de los aparatos de poder en contra de adversarios políticos o es la correcta aplicación de la ley para perseguir delitos y brindar justicia. Puede ser irrelevante invocar los hechos, la verdad o la ley; en última instancia lo que prima es lo que cree la gente. Con la descalificación de Cabrera, Arzú y Pineda como antecedente, el resultado de las elecciones permite deducir que una mayoría considerable de la población opina que el formalismo legal se manipuló para eliminar a adversarios políticos y se pronunció en contra de ello. Esto explica el ascenso de Semilla en primera vuelta y la derrota de la UNE en segunda.

Hay modismos que surgen en un idioma, que es difícil traducir a otro; es el caso de la palabra lawfare en inglés, cuya traducción al español es “guerra jurídica”, que no captura del todo su sentido y significado. Lawfare es “el uso de los sistemas legales e instituciones para dañar o deslegitimizar a un oponente, o desalentar a alguien de hacer uso de sus derechos legales”. El término es un portmanteau de las palabras law (ley) y warfare (guerra); el uso de la ley para hacer la guerra. Es arma privilegiada en el conflicto entre diferentes feudos que se libra en Guatemala. La elecciones de rector en la Usac, del presidente del Comité Olímpico Guatemalteco y la renovación de la Corte Suprema de Justicia son tres de muchos casos en los que procesos institucionales son capturados por feudos políticos con el uso de lawfare.

Una noticia del medio francés France 24 (03/09/2023) se titula Guatemala: ¿Quién es Rafael Curruchiche, el fiscal acusado de querer impedir la posesión de Arévalo? La pregunta es retórica, contiene la reacción deseada y continúa: “La polémica carrera de Curruchiche no inicia acá, como jefe de la Feci ha sido acusado de obstruir investigaciones en contra del actual presidente Alejandro Giammattei y de haber forzado al exilio o a la cárcel a varios periodistas y fiscales”. La noticia tiene una carga evidente; el caso Corrupción Semilla es un elemento más de un conjunto de acciones que usan las instituciones legales para acosar y perseguir a adversarios del régimen. Hay quienes ven al fiscal como un quijote valiente; el tiempo juzgará.

Recién se vio cómo el caso Semilla tiene ondas expansivas, que bien podría ser la intención. Su cancelación como partido político, aun si fuera ineficaz para impedir la toma de posesión de Arévalo, sería eficiente al neutralizar su poder y capacidad de acción en el Legislativo y otros campos. Fue así como el Congreso desconoció a la bancada, en una especie de ensayo de efectos implícitos. El domingo pasado, el TSE revocó la suspensión del partido, dejando el tema en suspenso hasta el 31 de octubre; un para mientras que deja espacio de maniobra y negociación.

La cuerda está floja. La proliferación de lawfare entre feudos políticos mina la efectividad y legitimidad de las instituciones y la confianza en ellas.