El valor de la explotación de minas y canteras en Guatemala representa cerca de 0.5% del PIB, la mitad de 1%. En un país con mucha pobreza, donde supuestamente se busca promover la inversión, producción, empleo y aumento de ingresos fiscales, la minería no está en la ecuación; es ignorada, si no maltratada. Guatemala no realiza su potencial minero, desalienta la inversión en esta actividad productiva, por ineficiencia burocrática y sumisión a posturas ideológicas. La minería es uno de los blancos preferidos de la industria de la protesta, que ve la suspensión, cierre o clausura de actividades mineras como una victoria para “el pueblo”. Algo similar ocurre con la extracción de petróleo en el país. Un reportaje de Rosa María Bolaños (PL 4/8/22) relata que el contrato que extrae 80% de la producción nacional está por vencer y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) “no sabe que hacer”. La respuesta es obvia: hay que hacer todo lo necesario y prudente para no solo mantener, sino aumentar la producción de hidrocarburos en el país. Mientras la demanda de minerales e hidrocarburos es fuerte y sus precios aumentan, el gobierno se cruza de brazos.

De acuerdo con el Anuario estadístico minero (2019) de la Dirección General de Minería, de 2003 a 2008 el gobierno otorgó un promedio anual de 43 licencias de exploración y explotación que alcanzó su máximo en 2007, con 50. En 2017 se otorgó una licencia, en 2018 cero y 2019, una. Al describir el panorama minero, el anuario comenta que “en la actualidad la actividad minera en el país continúa afectada por muchos factores, lo que ha disminuido la producción de minerales y el ingreso de recursos al Estado, por lo que urge generar espacios de diálogo”. Enunciar que la actividad minera se ha visto afectada por “muchos factores” carece de poder explicativo, mientras que la urgencia de generar espacios de diálogo es indicativa de la sumisión a la industria de la protesta.

El valor de la producción de minerales metálicos en Guatemala alcanzó Q7,110 millones en 2011 y Q5,751 millones en 2014; en 2019 fueron Q76 millones, secuencia de datos que cualquier productor o vendedor calificaría de tragedia. El valor de la producción en 2019 fue 1% del valor alcanzado en 2011; no es precisamente progreso. La caída dramática se explica, en parte, por el agotamiento del yacimiento que explotaba la mina Marlin I en San Marcos, que a partir de 2017 ya no produjo (Anuario 2019).

Una de varias estocadas al corazón de la minería llegó con la resolución de la Corte de Constitucionalidad que suspendió las actividades de la mina Escobal de Minera San Rafael, provocó enormes pérdidas a inversionistas y envió una poderosa señal a la comunidad internacional de negocios mineros: no se puede confiar en la palabra del Estado de Guatemala, firma un contrato y lo anula de la noche a la mañana, después de que usted invirtió. Cuesta mucho hacerse de una buena reputación, se pierde en un instante y el camino para recuperarla es largo y tortuoso.

Una paradoja de la minería metálica y el petróleo es que todos quieren hacer uso cotidiano de sus frutos, pero pocos la ven con simpatía, en abstracto. No es que Guatemala posea vasto potencial minero y petrolero, pero podría hacer mucho más de lo que actualmente hace. Hay espacio para atraer inversión, crear cadenas de valor, empleo e ingresos para el gobierno. La legislación, marco regulatorio y régimen de regalías e impuestos tiene que ser competitiva e ir más allá de aspiraciones románticas. Promover agresivamente la producción minera y petrolera es otro de esos temas rezagados.