Punto de encuentro
La fiscal general sigue dispuesta a todo
Cada día que pasa Consuelo Porras al frente del MP, la democracia guatemalteca corre grave peligro.
El Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta insiste en perseguir penalmente a personas que no han cometido delitos. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), con Rafael Curruchiche a la cabeza, ha emprendido “investigaciones” que carecen de sustento pero que tienen en prisión o en el exilio a decenas de operadores de justicia, líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas.
Además de la Feci, la Fiscalía contra la Corrupción, la de Asuntos Internos e incluso la de Delitos contra el Patrimonio Cultural están siendo utilizadas como instrumentos de persecución y castigo, pero no en contra de funcionarios que se enriquecieron a costillas del presupuesto del Estado o acumularon millones de quetzales en caletas que sirvieron para sobornar a diputados y otros funcionarios. No, los esfuerzos del MP transitan por la vía de la criminalización y buscan asegurar a los socios del Pacto que aquellos que les denunciaron, investigaron, protestaron o se movilizaron reciban un buen escarmiento.
Así se explica que ante el escandaloso fraude que se dio en la Universidad de San Carlos (Usac) para imponer a Walter Mazariegos como rector, en lugar de procesar a quienes violentaron el proceso electoral y la autonomía universitaria se quiera encarcelar a profesores y estudiantes sancarlistas que encabezaron la legítima resistencia, a quienes les acompañaron y apoyaron, aunque solo fuera con mensajes en redes sociales e incluso a periodistas y columnistas que dieron cobertura o se refirieron al tema.
Como se ha denunciado innumerables veces, este “caso” se quiere utilizar (también) para procesar judicialmente a la vicepresidenta Karin Herrera y a algunos diputados y militantes de Semilla. Con una narrativa digna de película de ficción, el MP pretende vincular la ocupación de las instalaciones de la Usac con una maniobra electoral. No les alcanzó para evitar la toma de posesión del entonces binomio electo, pero es una de las rutas que exploran para continuar con la persecución penal y sustentar el retiro de la inmunidad de actores clave del oficialismo.
Ya cansa que gente honorable siga en el exilio, esté encarcelada o enfrente cargos inventados.
Todos recordamos el bochornoso espectáculo que los fiscales del MP protagonizaron con los allanamientos a las casas de reconocidos profesores y decanos de la Usac; la tristísima conferencia de prensa donde presentaron las “pruebas” del caso y la lamentable argumentación ante el juzgado que fue desvanecida por los abogados defensores. Tan espurias eran las acusaciones que hasta un juez como Víctor Cruz dictó falta de mérito, otorgó medidas sustitutivas y retiró delitos a varios de los acusados.
Pero como su perversidad no tiene límites, el MP insiste en la persecución. Este domingo se conoció que la Fiscalía pidió a la Interpol activar alerta roja en contra de nueve personas señaladas en el mismo caso, entre ellas Jordán Rodas, ex procurador de Derechos Humanos y excandidato a rector de la Usac; Ramón Cadena Rámila, reconocido abogado especialista en Derechos Humanos, y los estudiantes Camilo García y Plutarco de León, que plantaron cara ante los desmanes del Consejo Superior Universitario para concretar el fraude.
Ya cansa que gente honorable siga en el exilio, esté encarcelada o enfrente cargos inventados por una fiscalía al servicio de los corruptos. Cada día que pasa Consuelo Porras al frente del MP, la democracia guatemalteca corre grave peligro. Si la justicia y gran parte de la institucionalidad no estuvieran cooptadas, se entendería la ruta escogida por el presidente Arévalo para concretar su salida.
Pero tomando en cuenta las cartas que acaba de mostrar Porras con el allanamiento al Ministerio de Finanzas y los casos contra Santiago Palomo y Julio Saavedra, hay grave riesgo de que, como ya advirtió Jose Rubén Zamora, termine alguno de todos en la bartolina a su vecindad.
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