Si tenemos fe, creemos. Viene la palabra fe porque nuestra democracia, por precaria que parezca, radica, en buena parte, en la confianza de los procesos electorales. En los años 80, cuando América Latina retornaba de las dictaduras militares a la institucionalidad constitucional, la creación de autoridades electorales independientes fue clave. Nosotros, por primera vez, regulamos el tema electoral en una ley de rango constitucional porque fue tan grosero el período de los gobiernos militares, en forma y fondo, que las elecciones se regulaban por el decreto ley 387 de Enrique Peralta Azurdia. Una norma emanada de un cuartelazo reguló la “democracia” y posibilitó los fraudes de 1974, 1978 y 1982. La creación de un Tribunal Supremo Electoral (TSE), adoptando en buena parte el ejemplo costarricense, sirvió para recobrar la fe.

En ninguna facultad de Derecho del país se imparte el curso de Derecho Electoral. Así esta materia queda para quienes gusta o preocupa. De hecho, la concepción por nuestra Corte de Constitucionalidad del propio TSE es contradictoria y discutible, existe una resistencia a reconocer la jurisdicción electoral y una serie de ocurrencias para analizarlo.

La autoridad electoral es vital. Don José Ortega y Gasset nos señaló: “La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario”. El ciudadano, al acudir a votar, pretende con su voto contribuir a la construcción de su futuro y por eso tiene fe de una decisión respetada. Nadie vota en una elección amañada.

Al iniciarse nuestro nuevo régimen electoral se solicitó a la ciudadanía empadronarse. El padrón electoral es el instrumento más importante para realizar una elección limpia. En nuestro país ya se cumplieron más de 15 años sin auditoría externa. Se exigía el empadronamiento porque la cédula de vecindad no despertaba certeza de identidad. Ahora se han gastado lagos de dinero para contar con un documento personal de identificación con “los más altos estándares de confiabilidad” y, además, funciona un Registro Nacional de las Personas (Renap), bajo la dirección de un directorio presidido por un magistrado del TSE. Se esperaría una gestión rápida, eficiente y auditable para estar habilitado para votar, pero nuestra autoridad electoral es tan negligente que continuamos con el mismo procedimiento de décadas atrás y esto condena a miles de patojos con reciente DPI a no votar.

El TSE lo preside Ranulfo Rafael Rojas Cetina, quien fue denunciado valientemente por la Universidad Da Vinci de Guatemala por falsear sus méritos académicos. La Comisión de Postulación lo eligió con una calificación puesta por fraude. ¿Es confiable un Tribunal que no analiza su propia composición cuando los señalamientos son públicos?

Los tambores de fraude electoral resuenan en un país que sufrió mucho de la burla a la voluntad popular, ahora los fraudes son con descarados barnices judiciales como lo intentan hacer en la Usac. Los métodos cambian, pero el objetivo es el mismo: esquilmar desde el poder el dinero público.

La legitimidad del TSE es prioritaria, porque tal como lo enseñan los libros de Derecho Electoral, los resultados no solo descansarán en la capacidad de contar las papeletas, sino en la solvencia moral y profesional de quienes las validan, sobre los hombros de esas mujeres y hombres integrantes del TSE descansará, por un solo día, toda la institucionalidad del Estado porque nadie debe respetar, conforme nuestra Constitución, a autoridades si no han sido legítimamente electas. ¿Confiaremos en quien se dice doctor y ni cursó el doctorado y en un Tribunal que es cómplice?