La “distritalización” de la política
El listado geográfico de obras no debe ser el centro de los acuerdos sobre los que se construyen las decisiones que nos afectan a todos.
Una de las dinámicas más relevantes que ha habido en el escenario político nacional es la del proceso de descentralización política y administrativa del país. Esta idea fue esbozada décadas atrás, cuando se comenzó a hablar de que los municipios y departamentos deberían contar con sus propios recursos y con sus propios planes basados en sus respectivas prioridades y necesidades. Pero no fue sino hasta el retorno a la democracia en 1985 que la idea tomó carta de ciudadanía. Con dos gobiernos que hicieron de la descentralización su principal caballo de batalla, el poder local cobró cada vez más importancia.
De un poder descentralizado al de un poder fragmentado puede haber apenas unos pocos centímetros de distancia.
El que las regiones, departamentos y municipios puedan diseñar sus planes de desarrollo y tengan el suficiente margen de maniobra para echarlos andar, sin necesidad de pasar por los filtros asfixiantes de un poder central, tiene todo sentido. Nadie mejor que quien está en el terreno para conocer los retos y oportunidades que su geografía y población tienen. Sin embargo, del concepto de un poder descentralizado al de un poder fragmentado puede haber apenas unos pocos centímetros de distancia. En la aritmética política no siempre la suma de las partes constituye un todo.
Uno de los malentendidos históricos que se han provocado alrededor de la descentralización es el de un concepto descoyuntado de autonomía. Pretextar la autonomía municipal para resistir la necesaria auditoría y rendición de cuentas financiera es cuando menos una gran irresponsabilidad. Utilizar el argumento del poder local para crear regulaciones extorsivas, procesos de consulta sin ninguna referencia estratégica o cobros desproporcionados es condenar al municipio a darle la espalda al desarrollo por meros intereses personales o de grupo.
Otra dinámica peligrosa es perder de vista la visión global que la política debe tener. Sustituir en el Congreso de la República el necesario debate nacional por una simple negociación para la asignación de recursos a esta o aquella circunscripción territorial es convertir el centro de toma de decisiones públicas en una especie de plaza donde se intercambian simplemente favores. El Listado Geográfico de Obras no debe ni puede ser el centro de los acuerdos sobre los que se construyen las decisiones que nos afectan a todos.
Se dice que de unos años para acá la política se ha ido “distritalizando”. Esto sería positivo si nos refiriéramos a que la voz de todas las regiones se haga escuchar. Pero hemos visto en el tiempo cómo algunos liderazgos locales, elegidos eso sí con una importante cantidad de votos, imponen su voluntad sin un programa político, una plataforma de ideas o un proyecto de país. La consecuencia es la aparición de estructuras de clientelismo electoral, de redes de negocios familiares para la obra pública, muchas veces asociados a la aparición de empresas hechizas de “picop, celular y portafolio”, y de espacios geográficos donde la ausencia de autoridades nacionales fomenta la presencia de estructuras vinculadas a actos ilícitos.
La sana “redistritalización” de la política debe implicar recuperar el papel de los secretarios generales en los partidos, pero también contar con liderazgos centrados en las ideas y no en las prebendas; en un enfoque ético que no se escude en la protección de marcos legales propios, sino se someta al buen juicio crítico de todos, y finalmente, a una propuesta política que convenza no solo a los electores de su localidad, sino a los tomadores de decisiones de otras regiones alrededor de un proyecto de desarrollo nacional del que se beneficien todos.
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