La dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, se encamina a imponer un régimen de partido único, con el cierre de toda forma de oposición, control del pensamiento y predominio económico. Ni siquiera durante la tiranía de los Somoza se vivió en un clima de terror como el que se vive en la actualidad en Nicaragua. El próximo paso previsto es la captura de las 153 alcaldías que estarán en disputa en las elecciones del 6 de noviembre próximo. A la fecha, El Frente Sandinista tiene el control de 135 municipalidades, las cuales aumentó a 140, luego de que, a principios de este mes, las fuerzas de seguridad asaltaran cinco alcaldías que estaban en poder del opositor partido Ciudadanos por la Libertad e impusiera a representantes oficialistas. Con el control que tiene sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE), es más que probable que los comicios municipales que se efectuarán dentro de 14 semanas sean amañados.

De hecho, ya no se puede hablar de la existencia de una oposición real. A los partidos comparsas del Frente Sandinista los nicaragüenses les llaman “zancudos”, porque están plegados a los designios de la dictadura. El año pasado fueron declarados ilegales tres partidos opositores y fueron encarcelados siete dirigentes políticos que aspiraban a ser candidatos presidenciales, con opciones reales de disputar el poder. Sin opositores, Ortega consiguió su cuarto mandato consecutivo en las elecciones efectuadas en noviembre pasado. El Observatorio Urnas Abiertas aseguró que en esos comicios hubo un abstencionismo del 81.5 por ciento, aunque el CSE minimizó el ausentismo en 34.7 por ciento. Desde entonces la dictadura ha cerrado el círculo de poder y mantiene a sus detractores, varios de ellos antiguos sandinistas, en la cárcel o en el exilio.

Al cierre de los espacios políticos se agrega el control del pensamiento. A finales del año pasado se les canceló la personería jurídica a 14 universidades privadas, tres de las cuales fueron confiscadas y ahora funcionan bajo control de esbirros del régimen, al igual que las demás universidades estatales. Los medios de comunicación independientes fueron cerrados, sus directores y periodistas han sido perseguidos para evitar que difundan información diferente a la oficial. La semana pasada, el diario La Prensa, que ya no circula en versión impresa porque la dictadura le confiscó el papel, tuvo que sacar del país a sus reporteros porque han sido objeto de hostigamiento. El gobierno sandinista también declaró ilegales 958 organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Academia Nicaragüense de la Lengua y la Congregación de Hermanas de la Caridad, fundada por la madre Teresa de Calcuta. La antropóloga y periodista guatemalteca Irmalicia Velásquez Nimatuj conoció en carne propia la represión de la dictadura, que la aprehendió cuando llegó al Aeropuerto Internacional de Managua y fue deportada a Panamá, tan solo porque iba a una actividad académica.

La dictadura Ortega-Murillo actúa con total impunidad porque también tiene poder económico. Los tiranos y sus hijos tienen negocios en la mayoría de sectores de la economía, cuya fortuna es producto del saqueo de los recursos del Estado. La riqueza ostentosa de la familia real contrasta con la pobreza en que vive la mayoría de nicaragüenses. La economía se contrajo un 9 por ciento, debido a las protestas del 2018, la pandemia del coronavirus y el paso de dos devastadoras tormentas. Se estima que la crisis económica ha ocasionado la pérdida de 200 mil empleos formales, así como el aumento de la canasta básica, que supera los 17 mil córdobas (unos US$473.80). Solo las remesas que envían los migrantes se han mantenido en un 14.6% del producto interno bruto y han dado un respiro a las familias empobrecidas. Así, los Ortega-Murillo han hundido a Nicaragua peor que la dictadura de los Somoza.