El montaje para tratar de evitar la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo estaba llevando a Guatemala a un precipicio. Afotunadamente la CC detuvo la aventura golpista. Pese a que por todos lados hacía aguas su fallida estrategia, buscaban evitar el colapso de su paraíso de corrupción e impunidad. Se negaban a entender que su tiempo había concluido y que están dadas las condiciones para romper con ese lastre de la partidocracia rentista. No habían medido las nefastas consecuencias de sus actos sobre el país. Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, EEUU y la Unión Europea habían expresado su rechazo al golpe de Estado en marcha. Cada paso en falso que daban los desenmascaraba aún más. A nivel local e internacional se sabía que tras el intento de rompimiento institucional estaba el presidente Alejandro Giammattei que sigue moviendo los hilos de la alianza oficialista en el Congreso, el Organismo Judicial, el Ministerio Público de Consuelo Porras, con el respaldo de un grupo de empresarios cavernícolas.

La aplicación de la Ley Magnitsky a Miguel Martínez por presunta corrupción fue una advertencia a Giammattei. Golpear financieramente al amigo íntimo del mandatario fue como decirle: “ya estamos tras usted”.  Aunque la justificación estadounidense fue la participación de Martínez en esquemas de sobornos, es evidente que su objetivo era sancionar su involucramiento en el golpe de Estado. A este exfuncionario se le atribuye mucho poder, pero tal poder solo deviene de su relación con Giammattei y que este es quien toma las decisiones y Martínez las ejecuta. Tal situación no pasa desapercibida para la comunidad internacional, mucho menos para Washington que sabe muy bien para donde apuntan las maniobras de Giammattei y que este es el principal interesado en evitar la toma de posesión de Arévalo. Esa certeza es mucho más clara con la forma contundente como la OEA ha tratado este caso, lo cual es otra derrota para la diplomacia del gobierno guatemalteco. A Giammattei ya le cuesta mantener su fingida distancia de las acciones espurias de Consuelo Porras y de la alianza oficialista en el Congreso.

Esta semana, Estados Unidos lanzó otro ataque demoledor: el Departamento de Estado anunció la revocatoria de visa a unos 300 guatemaltecos, entre ellos a miembros prominentes del sector empresarial y a más de cien diputados. Ahora ya no solo no podrán ir a realizar su shopping en Miami, sino que han quedado marcados por “socavar la democracia y el Estado de derecho en Guatemala”. Para el empresariado es un recordatorio de que en fechas anteriores los emisarios norteamericanos les habían indicado que ellos debían respaldar la institucionalidad democrática y que, de no hacerlo, se exponían a fuertes represalias. En el caso de los diputados, esta sanción demuestra que no ha quedado impune, a los ojos de la comunidad internacional, que con artimañas despojaron de su inmunidad a cuatro magistrados del TSE y los obligaron a abandonar el país para evitar una eventual captura. Cada acción golpista está recibiendo su correspondiente sanción a nivel internacional.

La treta de retirarle la inmunidad a Arévalo y buscar la anulación de las elecciones había elevado las alarmas. Tan así que el solo hecho de demostrarse que el Ministerio Público promovía la desestabilización política del país impactó en forma negativa sobre los bonos del Tesoro de Guatemala colocados en el mercado internacional de valores. De acuerdo con Bloomberg, al conocerse tal monstruosidad los bonos cayeron de 1.8 centavos a 85 centavos de dólar, lo cual constituye la mayor caída en los últimos meses. Entonces vemos que la persistencia del golpe estaba causando serios daños a la economía del país y que esta hubiera empeorado si  persistía la desestabilización.

La resolución de la Corte de Constitucionalidad emitida ayer le pondría un alto a la aventura golpista y aseguraría que Arévalo y las demás autoridades electas tomen posesión de sus cargos. Esperemos que las huestes golpistas entiendan que fueron derrotadas en toda la línea.