La decisión clave del CANG
Cuando la justicia se utiliza como arma para perseguir adversarios o proteger intereses, pierde su legitimidad y se convierte en un obstáculo para el desarrollo del país.
En un sistema judicial donde la desconfianza ciudadana se ha convertido en norma, la elección de la nueva junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) representa una oportunidad histórica. No se trata de un simple trámite gremial, sino de un paso que podría marcar el inicio de la reconstrucción de nuestro sistema de justicia.
Cuando la justicia se utiliza como arma para perseguir adversarios o proteger intereses, pierde su legitimidad y se convierte en un obstáculo para el desarrollo del país.
Sin embargo, hay una preocupación latente: la indiferencia de muchos abogados que, teniendo el poder de transformar el rumbo del país, deciden no participar. De un padrón electoral de más de 30,000 profesionales, apenas unos 12,000 suelen decidir el futuro del Colegio, dejando el camino libre para que intereses políticos o particulares se impongan. Esta apatía no solo afecta al gremio, sino también a la sociedad entera, ya que el CANG tiene un mandato constitucional que lo coloca como un actor clave en la selección de magistrados, fiscales y jueces.
Un aspecto igualmente relevante en estas elecciones es la selección del Tribunal de Honor, una instancia esencial para garantizar la ética y el profesionalismo en el ejercicio del derecho. Este tribunal tiene la función de sancionar a los profesionales que incurren en abusos, faltas graves o prácticas que atentan contra el buen ejercicio de la profesión. Su rol es crucial para fortalecer la confianza en el gremio y para enviar un mensaje claro: la impunidad no será tolerada, ni siquiera entre los abogados.
El artículo 208 de la Constitución establece que los abogados juegan un papel fundamental en el sistema de justicia del país. Por eso, quienes se abstienen de votar están renunciando al deber de contribuir a la construcción de un sistema más transparente y funcional. La elección de una junta directiva y un Tribunal de Honor comprometidos con la justicia y el bien común es un paso indispensable para recuperar la credibilidad de las instituciones.
Por otro lado, es imperativo que el Ministerio Público y el sistema judicial dejen de judicializar la política y se concentren en cumplir con su función constitucional. Cuando la justicia se utiliza como arma para perseguir adversarios o proteger intereses, pierde su legitimidad y se convierte en un obstáculo para el desarrollo del país. Guatemala no puede darse el lujo de seguir en esta espiral de inestabilidad y polarización.
El Colegio de Abogados enfrenta un enorme desafío, pero también una gran oportunidad. Su liderazgo puede ser el motor que impulse el cambio en la administración de justicia. Sin embargo, para lograrlo, se necesita más que buenas intenciones. La transparencia y el monitoreo ciudadano son esenciales, y en este sentido, la participación del Foro Guatemala y las buenas prácticas de Guatemala Visible son un modelo a seguir. Estos actores han demostrado que el diálogo y la vigilancia responsable son herramientas fundamentales para garantizar procesos limpios y justos.
El camino hacia la reconstrucción del sistema judicial requiere acciones coordinadas. Urge devolverle al Ministerio Público la independencia y objetividad que tanto necesita, así como fortalecer los procesos de selección de jueces y magistrados, garantizando que sean designados por su capacidad y no por sus vínculos políticos.
Este proceso electoral en el CANG es una oportunidad para enviar un mensaje claro: es posible devolverle dignidad y funcionalidad a nuestras instituciones. Pero esto solo será posible si quienes tienen el poder de votar lo hacen con responsabilidad y compromiso, conscientes de que su decisión impacta el futuro de todo un país.
Hoy más que nunca, necesitamos que el sistema judicial deje de ser un obstáculo para el desarrollo. La judicialización de la política debe terminar, siendo reemplazada por un compromiso genuino con la justicia. Solo así podremos avanzar hacia un país donde el estado de derecho prevalezca, las instituciones sean confiables y todos los ciudadanos, sin excepción, puedan vivir con la certeza de que sus derechos son respetados.
Construyamos juntos un sistema de justicia del que podamos sentirnos orgullosos. Es hora de dejar atrás la apatía, de asumir nuestra responsabilidad y de trabajar por un futuro donde la justicia sea verdaderamente justa.
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