La espiral de deterioro y destrucción parece no tener fin. Aunque digan lo contrario en el Gobierno, no hemos salido de la pandemia, ¡en absoluto!, pero ahora toca enfrentar a la par los destrozos causados, principalmente en el norte y oriente del país, por la vulnerabilidad socioambiental en que transcurren cotidianamente las vidas de miles de personas que son desplazadas a vivir en lugares de alto riesgo, porque no hay oportunidades económicas ni atención a sus necesidades más básicas. Si no es una tormenta tropical, es un huracán, una erupción volcánica, el desplome de cerros saturados de agua o, por el contrario, las sequías. Todos estos hechos no tendrían por qué causar tanta pérdida material y humana si el Estado cumpliera con sus mínimas responsabilidades constitucionales de anteponer la vida de las personas por sobre todas las demás cosas. Si los ciudadanos con más privilegios y poder en esta sociedad no velaran solamente por sus intereses; si no estuvieran dispuestos a todo con tal de prevalecer con impunidad.

Estamos pagando un altísimo precio con la recaptura del Estado por parte de las fuerzas más oscuras, antidemocráticas y antiderechos que existen en el país: Congreso tomado, cortes tomadas, tribunal supremo electoral tomado, Ministerio Público tomado, Contraloría General de Cuentas tomada y Ejecutivo desactivado, a menos, claro, que sea para extraerle nuestros recursos por medio de negocios y corrupción. ¿Qué clase de respuesta institucional efectiva y oportuna puede haber en esas circunstancias frente a un evento climático de alto riesgo? ¿Qué vamos a hacer cuando nos toque un terremoto de gran magnitud, que sacuda las entrañas de todo el territorio y su precaria infraestructura habitacional y vial?

Construir una respuesta efectiva frente al riesgo socioambiental siempre lleva tiempo y requiere institucionalidad capaz y preparada. Lo que se había hecho en esa dirección desde la firma de los acuerdos de paz se borró de un pelmazo; ha ocurrido exactamente lo contrario: se dijo adiós a las capacidades que ya se habían logrado construir con una política de prevención del riesgo, con la identificación temprana de amenazas, con un sistema de alerta temprana y con una red de comités ciudadanos y de autoridades a nivel comunitario, municipal y departamental que había que mantener viva, fortalecerla y acuerparla desde el nivel central.

Tristemente, hemos visto un centralismo inoperante y carente de legitimidad; que, además, no tiene fuerza moral ni ejecutiva real para enfrentar las consecuencias de su falta de anticipación a los desastres; poco les ha interesado construir resiliencia social y ambiental frente a los fenómenos climáticos cada vez más intensos y frecuentes. Lo único que los mueve a la acción es el interés por capturar los recursos del Estado, despojar la tierra y los recursos naturales y asegurar la captura del Estado para su propio beneficio.

A este paso, veremos masas de desplazados climáticos, de refugiados económicos; más migrantes en ruta. Gente que ya no tiene nada que perder porque ya lo perdió todo, excepto el instinto de sobrevivir. Estamos sin política social ni política económica conducentes a impedir escenarios de violencia e ingobernabilidad. No hay tampoco respuesta desde lo ambiental. Poco podremos hacer con el Estado capturado; mientras se fortalece el control político sobre las instituciones por parte de esta alianza criminal que devora y corrompe todo lo que toca. No podemos echarle la culpa a ETA o al coronavirus. Nuestro verdadero riesgo, el virus más letal, es una elite egoísta en extremo que, con su actuar perverso, nos corroe y acaba como sociedad.