La correntada arrasó con todo lo que encontró a su paso. La intensa lluvia transformó al río El Naranjo en una corriente impetuosa que se llevó consigo varias viviendas, de las cuales no quedó nada y sus moradores fueron arrastrados entre el lodo y las piedras. Una tragedia que hasta el momento deja 11 personas muertas y otras siete desaparecidas, y que recuerda la terrible realidad de un Estado con una limitada política de vivienda y que no pareciera preocuparse por la situación de quienes viven en las peores condiciones de pobreza. Los damnificados no solo son víctimas del abandono, sino que también están expuestos a todo tipo de peligros. Algunas versiones apuntan a que este lamentable hecho se habría debido a que una empresa constructora, ubicada en la zona 4 de Mixco, arrojó al río grandes cantidades de ripio que se convirtió en una especie de dique. El aguacero hizo que se acumulara gran cantidad de agua que luego se liberó con furia y ocasionó el desastre.

El puente El Naranjo es un símbolo de la contradicción entre opulencia y miseria. Arriba, el desarrollo inmobiliario ha creado una pujante área, con centros comerciales y condominios para la clase media alta. Es el brillo de la modernidad que también se va tragando las áreas verdes de la gran ciudad y en su lugar va dejando una huella de concreto y asfalto. Abajo del puente, siguiendo un retorcido sendero se llega al asentamiento Dios es Fiel, situado a orillas del maloliente río de aguas negras. Más de cien familias han construido ahí su hogar con láminas, lepa y nailon, en un área de difícil acceso y que se vuelve un lodazal en la época lluviosa. Los habitantes saben de los riesgos, pero carecen de alternativa. A lo más que ha llegado la Conred es a decirles que el área es inhabitable. ¿Y qué van a hacer, si no tienen a dónde ir? El Estado se ha desentendido de proporcionarles una solución de vivienda mínima.

Según el VII Censo Nacional de Vivienda, realizado en el 2018, Guatemala tiene un déficit de un millón 363 mil 193 unidades habitacionales. En el 2021, la Cámara Guatemalteca de la Construcción y la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda presentaron un nuevo cálculo del déficit habitacional que llegaría a las dos millones 237 mil 957 unidades. En este dato se incluyen más de 874 mil viviendas que carecen de servicios básicos, como alumbrado público, servicios de agua, drenajes o con hacinamiento de personas. El año pasado, el Congreso aprobó el decreto 27-2022, Política Nacional de la Ley de Interés Preferencial para el Acceso a Vivienda Social, cuyo objetivo sería facilitar la compra de vivienda digna. No hay mayor información sobre los supuestos logros que haya tenido esta iniciativa. La realidad que pintan tragedias como la ocurrida bajo el puente El Naranjo pareciera contradecir el aparente interés estatal por resolver el déficit habitacional.

Aparte de las labores de búsqueda y rescate de las víctimas, las autoridades han brillado por su ausencia en la atención de los damnificados para proporcionarles alimentos y albergue cuando más requieren de solidaridad. Han sido personas particulares, grupos religiosos y sociales los que se han acercado a darles apoyo. Este drama ocurre apenas dos semanas después de que, en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, el río Platanitos derribara varias viviendas que se fueron a pique y dejara en la calle a 15 familias. En estos momentos, el gobierno y la municipalidad de Guatemala deberían ofrecer una alternativa de vivienda para las personas que sobreviven en el asentamiento Dios es Fiel. Pero dada la falta de empatía de estas autoridades, es importante que el presidente electo, Bernardo Arévalo, tome nota de la necesidad de impulsar una política efectiva de vivienda y que llegue a los sectores más desfavorecidos.