Punto de encuentro
La captura de la justicia tiene dos caras
Los ataques a la democracia ya no se hacen sacando tanques a la calle, sino a través de la vía judicial.
El sistema judicial guatemalteco sufre una crisis histórica y estructural. Los problemas que afronta no son nuevos, pero con el tiempo se han agudizado. Durante los años de las dictaduras militares, el sistema se utilizó como brazo ejecutor de los regímenes de facto, lo que provocó cárcel y exilio. Aunque, como sabemos, la mayoría de personas consideradas “enemigos internos” fueron asesinadas o desaparecidas.
Los ataques a la democracia ya no se hacen sacando tanques a la calle, sino a través de la vía judicial.
De terrible recordación son los tribunales de fuero especial, instaurados por el dictador Efraín Ríos Montt. Jueces sin rostro emitieron resoluciones sin las mínimas garantías procesales, incluidas sentencias de pena de muerte. Hasta hoy, aunque haya voces que lo justifiquen y reivindiquen, no se sabe con certeza cuántas personas que no cometieron delitos fueron condenadas por aquellos sicarios judiciales.
La fallida reforma constitucional (1999) emanada de los Acuerdos de Paz, que contenía cambios estructurales que habrían podido transformar la justicia guatemalteca, abonó a la continuidad de un sistema judicial víctima de las redes de tráfico de influencias y de corrupción, con tentáculos dentro y fuera de las cortes. Cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs) que mutaron a Redes Político-Económicas Ilícitas (Rpei) cuentan entre sus miembros a abogados, oficiales, jueces/juezas, fiscales y magistrados/as cuyas resoluciones/investigaciones/procesos penales responden a sus intereses.
Y es que la captura y cooptación del sistema de justicia es intrínseca a los regímenes autoritarios y corruptos, porque los ataques a la institucionalidad y a la democracia ya no se hacen sacando los tanques a las calles, sino por la vía de los procedimientos jurídicos y judiciales. Es decir, se manipula la ley para atacar y debilitar la democracia y perseguir espuriamente (encarcelando o forzando al exilio, otra vez) a quienes están dispuestos a defenderla.
La lista de operadores de justicia criminalizados es larga y responde a la necesidad de las mafias de expulsar a fiscales, juezas/jueces y magistradas/os honestos e independientes para garantizar “investigaciones” y resoluciones a la medida. Sin embargo, aunque contados, todavía vemos en juzgados y tribunales a abogadas/os probos ocupando una judicatura. Pero ahí está el MP de Consuelo Porras Argueta abriendo expedientes y magistrados de la Suprema usando como instrumento de hostigamiento la vía disciplinaria.
Esa es, en resumen, una de las caras de la justicia capturada/cooptada. Pero hay otra que la agrava y la complementa: la garantía de la impunidad. Porque no se quiere tener el control de la justicia solamente como arma de castigo o de venganza, no. Se busca que el sistema no investigue, persiga, ni condene los delitos de quienes forman parte de las estructuras criminales, ni de las redes mafiosas y de corrupción.
Los especiales periodísticos de Plaza Pública (PzP) “Radiografía de la caída de los casos de corrupción” (20/8/24) de la periodista Jody García y el de Prensa Libre “Rompecabezas de Corrupción, los casos políticos que se desarmaron” (2/9/24) del colega Alex Rojas, explican exactamente a lo que me refiero. A partir de la expulsión de la Cicig y de la recaptura del Ministerio Público (Porras Argueta como fiscal general y Rafael Curruchiche como jefe de la Feci), los procesos penales por casos de gran corrupción se desmoronan. PzP documenta tras el análisis de 35 procesos, 118 acusados beneficiados con desestimaciones, sobreseimientos, libertades anticipadas, arrestos domiciliarios y anulación de órdenes de captura.
Por eso es vital que en este proceso de elección de cortes se garantice la inclusión en las nóminas de candidaturas de abogadas/os honestos e independientes que puedan afrontar, de nuevo, la lucha contra las mafias que tienen secuestrado al sistema.
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