¿Qué hay detrás del golpe de Estado no tradicional que se fragua contra el presidente electo, Bernardo Arévalo? Lo que existe es una estructura de corrupción e impunidad que se niega a abandonar uno de sus principales bastiones: el Organismo Ejecutivo. Consuelo Porras y Rafael Curruchiche son tan solo el rostro operativo de una red que encabeza el presidente Alejandro Giammattei y que extiende sus tentáculos en los demás poderes estatales, partidos aliados y sectores del gran empresariado. Esa mafia no está dispuesta a afrontar otro proceso parecido al que impulsó, en el 2015, la Cicig que trató de desmontar el aparato que les había servido a Otto Pérez y Roxana Baldetti para saquear las arcas del Estado. Ese esfuerzo anticorrupción recibió un ataque demoledor cuando el nefasto presidente Jimmy Morales se puso al servicio de los sectores más retrógrados que lograron articular una ofensiva para echar del país a Iván Velásquez y retomar el control de sus redes, a la sombra del aparato estatal.

La llegada al poder de Giammattei fue lo peor que le pudo haber pasado a Guatemala. La Presidencia la asumió un ambicioso político que durante más de 20 años había logrado articular relaciones con lo más podrido de la partidocracia. Uno de sus principales objetivos fue desarrollar una alianza en el Congreso, pero no con base en principios, sino por medio de la compra de diputados, a quienes les dobló sus ingresos mensuales con fondos extraídos de nuestros impuestos. Su influencia se hizo sentir en la Corte Suprema de Justicia, cuya mayoría de magistrados había sido seleccionada por Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi, y no dudó en ponerse del lado de Giammattei, quien también influyó en la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Para quedarse con todo negoció la llegada a la Procuraduría de Derechos Humanos de José Alejandro Córdova, un político pusilánime que ha puesto a esa institución al servicio de las mafias.

Giammattei también había buscado la forma de que su sucesor respondiera a los intereses de su voraz estructura. Por eso se deshizo de los candidatos molestos y buscó que la Presidencia quedara en manos de Zury Ríos o Sandra Torres, las favoritas de ese pacto de corruptos. Afortunadamente la población, harta de los abusos de poder, se decantó por un candidato diferente: Bernardo Arévalo, que representaba la lucha anticorrupción, o sea exactamente lo contrario de Giammattei. ¿Cómo evitar la pérdida de la Presidencia? Al mandatario y a sus aliados se les ocurrió desbaratar el proceso electoral por medio de una estrategia que configura un golpe de Estado blando, diferente al clásico golpe militar. Este término es atribuido al politólogo Gene Sharp, quien lo define como lawfare, una guerra judicial, cuyo objetivo es desestabilizar o derrocar a un presidente por una vía que parezca legal, aunque solo sea una artimaña.

El golpe dirigido por Giammattei, y al que se ha unido Sandra Torres, busca evitar que Arévalo asuma la Presidencia. El costo político es alto porque a nivel nacional e internacional hay un rechazo absoluto y eso lo demuestra la creciente resistencia de campesinos e indígenas que han bloqueado las carreteras del país. La única institución que podría parar la desestabilización es la CC, pero es evidente que está supeditada a Giammattei porque no ha querido resolver un recurso planteado por el TSE sobre si un juez penal tiene o no competencia para cancelar al partido Semilla, clave para detener a Porras. En su lugar, la CC lanzó leña al fuego al amparar al Cacif para que se liberen las carreteras, incluyendo el uso de la fuerza. Ese fallo representa un serio peligro porque podría conducir al país a una confrontación violenta y sangrienta. Entonces vemos que Giammattei está decidido a llevar al país a la peor de sus crisis con tal de imponer sus ambiciones.