Nunca en su historia la Corte de Constitucionalidad había tenido una actuación tan vergonzosa como la actual. Después de la célebre acción de la CC, encabezada por Epaminondas González, que tiró por la borda el autogolpe de Estado de Jorge Serrano Elías, en 1993, en esta coyuntura se esperaba una actitud digna de los magistrados. Al contrario, lejos de defender la institucionalidad y buscar una salida pacífica a la crisis, los magistrados prefirieron responder a los intereses del presidente Giammattei y Zury Ríos, que fueron quienes los encumbraron en la CC. Para defender a la fiscal general, Consuelo Porras, estos magistrados llegaron al extremo de decir que las manifestaciones son hechos vandálicos, configuran delitos de lesa humanidad y provocan el exterminio de civiles. La verdad es que cuesta creer que estaban cuerdos o si en realidad estaban bajo efectos de algún alucinógeno para haber escrito algo tan descabellado, además de blindar a Consuelo Porras para que nadie pueda destituirla.

Las reacciones de repudio contra la CC se extendieron a nivel nacional e internacional por asumir que las manifestaciones ya no son un derecho constitucional, sino que son un crimen de lesa humanidad, lo cual es una grave distorsión de la justicia. Según el Derecho Internacional, ese tipo de delito incluye asesinato, exterminio, esclavitud, tortura, violación, desplazamiento forzoso y otros que causan sufrimientos graves a las víctimas. ¿Será que los manifestantes son capaces de cometer esas atrocidades cuando bailan y juegan en los bloqueos? Molina Barreto, uno de los magistrados que cometió esta torpeza, formó parte de la CC que anuló la condena contra Ríos Montt por genocidio y delitos de lesa humanidad por considerar que ese militar no había incurrido en tales crímenes. ¿Por qué ahora los manifestantes sí incurren en ese delito? Los magistrados de la CC no solo quedaron en evidencia de que forman parte de quienes promueven el golpe de Estado no tradicional, sino que sus fallos rayan en lo absurdo y la ignorancia del Derecho Internacional.

Como si de un guion se tratara, la actuación de la CC fue solo parte de la estrategia que buscaba desprestigiar y acabar con el movimiento ciudadano, encabezado por los 48 Cantones de Totonicapán y las autoridades indígenas ancestrales. La primera acción fue la movilización del pasado domingo frente al Palacio Nacional de la Cultura, que reunió a un grupo de personas, la mayoría acarreadas por el Gobierno, que protestaron contra los bloqueos de las vías públicas. Luego pasaron a los ataques por hombres armados en varios sectores del país. La acción más violenta ocurrió en Malacatán, donde los guardaespaldas del alcalde electo de Ocós, Álvaro Guillermo López, dispararon contra quienes tenían tomada la carretera y causaron la muerte de un campesino y heridas a otras dos personas. En este hecho participaron agentes de la Policía Nacional Civil que aparentemente protegían a los criminales, lo cual constituiría un crimen extrajudicial, por la participación de agentes del Estado.

Lejos de retroceder, el movimiento ciudadano se ha visto fortalecido con la incorporación de otros sectores sociales del campo y la ciudad. El diálogo con el Ministerio de Gobernación evitó la represión y demostró el nivel humano y político de los dirigentes indígenas. Además, trascendió el acercamiento que ha habido entre miembros de la cúpula del Cacif con las autoridades indígenas ancestrales. Este diálogo habría permeado al sector privado, salvo algunos sectores recalcitrantes del agro, de que la salida a la crisis pasa por el respeto del voto y la garantía de la transmisión de mando a las autoridades electas. Tales hechos ponen de relieve la calidad moral del movimiento ciudadano, encabezado por los pueblos indígenas, cuyo único objetivo es la defensa de la democracia.